BILBAO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de Euskadi consideró hoy que la declaración institucional del Gobierno vasco advirtiendo de que "no va a resultar gratuito encausar al lehendakari de Euskadi" supone "una injerencia inadmisible en la labor de los tribunales" y una "actitud intolerable" dirigida a "intimidar" al Poder Judicial.
La asociación judicial se refirió, de esta forma, en un comunicado, al pronunciamiento que el Gobierno vasco realizó ayer con motivo de la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de abrir fase de instrucción contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por un presunto delito de desobediencia por su entrevista con dirigentes de Batasuna.
La APM advirtió de que "no cabe propugnar la abstención ante comportamientos eventualmente delictivos, sea cual fuere su posible autor" y añadió que los tribunales de justicia "tienen la obligación legal de actuar en estos casos, y su actuación nunca se puede considerar gratuita".
Asimismo, consideró que "no cabe ver un atentado a la división de poderes en la actuación de un tribunal de justicia en el ejercicio de sus funciones". En ese sentido, recordó que la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco "es la competente para enjuiciar las posibles conductas delictivas, entre otros, del presidente del Gobierno vasco".
A su entender, la resolución de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco "debe valorarse jurídicamente y no desde parámetros exclusivamente políticos, puesto que los tribunales actúan sometidos únicamente al imperio de la ley".
La APM señaló que "no es la primera vez que instituciones y órganos del Gobierno autonómico, sobrepasando el siempre legítimo derecho a la crítica, vierten desmesuradas descalificaciones, con intención deslegitimadora, frente a decisiones de los Tribunales que no son de su gusto".
Sin embargo, destacó que "sí es la primera ocasión en la que el Consejo de un Gobierno autonómico realiza una declaración institucional en tono abiertamente desconsiderado y amenazante por la actuación de un tribunal, lo que supone no sólo una injerencia inadmisible en la labor de los tribunales, sino una actitud intolerable que se descalifica por sí sola al no tener más designio que intimidar al Poder Judicial e impedir el ejercicio independiente de la función jurisdiccional".
