MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La asociación profesional de la Guardia Civil APROGC ha lanzado una campaña en las redes sociales para declarar Cataluña "zona conflictiva" y compensar a los agentes allí destinados, como ocurrió en el País Vasco a finales de los años 80 en un contexto de lucha contra el terrorismo de ETA.
Con esta declaración, aseguran, se protegería a los agentes de las Fuerzas de Seguridad y a sus familiares, víctimas del "deterioro social" por la estrategia independentista y los disturbios en protesta por la sentencia del 'procés', en gran parte dirigidos a pedir que la Guardia Civil y la Policía Nacional abandonen Cataluña.
Según explican desde APROGC, la declaración como zona conflictiva (ZOCON) se aplicó en los años 80 e implicó que los agentes destinados o comisionados en el País Vasco y Navarra recibieran una gratificación en sus retribuciones, así como recompensas para ascensos o tener preferencia a la hora de ocupar vacantes.
La declaración de zona conflictiva es una demanda que han realizado diferentes sindicatos policiales para hacer frente a problemas de seguridad, por ejemplo en el caso de la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Ahora, tras los disturbios y los episodios de violencia en Cataluña, APROGC ha promovido la etiqueta en redes sociales "ZOCONparaGCenCataluña".
Si se opta por un modelo similar al del País Vasco, al declarar Cataluña zona conflictiva los agentes dispondrán de diferentes recompensas si están allí destinados durante tres años o, en el caso de estar comisionados, si permanecen en esta región durante 30 meses. La medida la justifican en "el asedio a las casas cuarteles o la marginación en las aulas de los hijos" de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
APROGC envió en mayo de 2018 una carta a UNICEF para que velase por la situación en los colegios de los hijos de los guardias civiles destinados en Cataluña. En noviembre del año pasado elevó una propuesta en el Consejo de la Guardia Civil solicitando que se declarara la región zona conflictiva, algo que fue rechazado.
La asociación del instituto armado argumentó en 2018 que la "evolución del deterioro social que sufre Cataluña" tras el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia recomendaba que se declarara zona conflictiva. Hablaba de "un conflicto social cada vez más radicalizado en los que se refiere a la aceptación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al resto de las instituciones que representan al Estado".
"Y en lo que respecta a la Guardia Civil", decía su escrito ante el Consejo del instituto armado, "no solo hacia la institución o más personalmente hacia sus miembros, sino también hacia sus familiares, sus hijos, su entorno o en algunos casos sus negocios, en general, su vida social cotidiana".
