CiU cuestiona el sentido de esta institución judicial y pide a los partidos catalanes que se personen en defensa de la devolución
MADRID, 21 Ene. (OTR/PRESS) -
El retorno de los archivos de la Generalitat Republicana a Cataluña desde el Archivo de Salamanca continúa generando polémica.
La Audiencia Nacional decretó el viernes por la noche la paralización cautelar del traslado tras un recurso del Ayuntamiento salmantino por defecto de forma en el procedimiento.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, expresó la "tranquilidad" del Gobierno desde la convicción de que le asiste "la razón en derecho", algo que aspiran sea ratificado por la Audiencia Nacional tras escuchar al Abogado del Estado el próximo lunes 24. Por su parte, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, respeta la decisión de la institución judicial pero duda sobre si "tiene sentido o no" su existencia y anima al resto de partidos catalanes a que se hagan oír en defensa del retorno.
El próximo episodio del polémico traslado tendrá lugar el lunes, momento para el que la Audiencia Nacional ha fijado la vista donde el Abogado del Estado, en representación del Ministerio de Cultura, y el representante del Ayuntamiento de Salamanca expondrán sus alegaciones para levantar o mantener la paralización, respectivamente.
La vicepresidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Carme Chacón, aseguró que el Gobierno tiene "mucha tranquilidad" porque "la decisión del traslado de los papeles la ampara, no sólo una Ley de las Cortes Generales, sino también la Justicia". "Ni la Constitución, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni la jurisprudencia contemplan que se suspenda la aplicación de una ley por un recurso ante el Tribunal Constitucional", ratificó López Aguilar.
La confrontación tampoco es ajena, evidentemente, a Cataluña. Josep Piqué, presidente del Partido Popular en la comunidad, defendió la "absoluta normalidad" de la decisión de la Audiencia, ya que el Consistorio salmantino "tiene todo el derecho a utilizar los recursos que le da el Estado de Derecho". Por contra, y aunque respeta su dictámen, Duran Lleida opinó que "habrá que reflexionar serenamente" sobre la necesidad de esta institución judicial al tiempo que pedía a todos los grupos parlamentarios catalanes que votaron a favor de la ley de devolución que se personen ante la Justicia "para que sean oídos en defensa de su interés legítimo del retorno de estos documentos". "Tenemos derecho a ser escuchados", concluyó.
PATALETA DE ÚLTIMA HORA.
Por el momento, ERC e ICV califican de "pataleta de última hora" la actitud del Consitorio castellano-leonés. Josep Lluís Carod-Rovira, presidente de la formación republicana catalana, espera que "los papeles vuelvan a partir del próximo martes" y valoró como "profunda ignorancia de la historia" las argumentaciones salmantinas de que el Comité de Milicias Antifranquistas, y por tanto sus archivos, no pertenecen a la Generalitat, cuando, según Rovira, fue quien las creó y las disolvió.
La portavoz de Iniciativa, Dolors Camats, añadió además que el Consistorio castellano-leonés se "degrada a sí mismo" recurriendo a estas alturas "un proceso irreversible e imparable". Por su parte, el conseller de Relaciones Institucionales, Joan Saura, consideró "sorprendente" que la Audiencia cuestione una decisión del Congreso y acusó al Partido Popular de estar "detrás de todo esto".
Más explícita, por último, se mostró su compañera de gabinete en la Consellería de Cultura, Caterina Mieras, quien criticó la "estrategia manipuladora" y la "voluntad de obstaculizar" del PP, aunque desde el Gobierno catalán "no nos dejamos provocar" y los archivos "volverán porque es de justicia histórica y además, ahora, porque es de ley". El presidente del PP catalán, Josep Piqué, rechazó rotundamente las declaraciones de Mieras y las calificó de "una auténtica barbaridad, política y jurídica".
