MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Armada prefirió hoy no realizar ningún pronunciamiento sobre la declaración prestada por uno de sus militares, que denunció ante un juez togado militar de A Coruña la desaparición de documentos relativos a la explosión registrada en Ferrol el 19 de diciembre de 2005 en la fragata 'Extremadura', que acabó con la muerte de los marineros Erik Noval y Francisco Javier Pérez.
Fuentes militares indicaron a Europa Press que la Armada no realizará ningún comentario al respecto de la declaración por escrito leída ante el magistrado militar por el cabo primero Jorge Miguel Gago Chao, tripulante de la fragata siniestrada.
El suboficial de la Marina, según recoge el diario 'La Voz de Galicia', denunció en la vista la desaparición de documentación importante sobre la explosión registrada en la caldera del buque. Ente el Juzgado Togado Militar Territorial número 41 de A Coruña, que se ocupa de la instrucción del caso, el cabo primero declaró que horas después del siniestro se entregó la 'tablilla de valores del agua' al teniente de navío Pablo Varela, jefe de máquinas del buque, y que dicho documento no volvió a aparecer.
En los meses posteriores al accidente se produjeron, según su relato, "un cúmulo de sucesos que hacían pensar en manos negras que algo deseaban tapar". "Desaparecieron ordenadores y algunos documentos de gran trascendencia para la investigación del accidente. Las cámaras y pasillos (del buque) precintados, en teoría por orden judicial, fueron profanados por todo tipo de personas", según recoge el texto difundido por el mismo diario.
El documento desaparecido tiene especial importancia porque recoge los valores de contaminación de cloro en las calderas de vapor del buque y que el suboficial Gago Chao consideró que el archivo fue ocultado para proteger al jefe de máquinas de la fragata. "Ese documento lo hicieron desaparecer los oficiales para proteger al jefe de máquinas, obstaculizando la investigación", aseguró. El diario señala, por último, que antes de la declaración el fiscal militar había solicitado el sobreseimiento provisional de la causa por entender que no se apreciaba el delito "contra la eficacia en el servicio".
