Subrogaron un crédito hipotecario por debajo de la tasación real para igualar el crédito al coste de la compra del inmueble
MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional celebrará desde este lunes y durante cuatro días el juicio oral contra el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra y otros seis imputados por el agujero de casi 10 millones de euros que provocaron tanto en esta entidad (4,2 millones) como en la extinta Bancaja (5,3 millones) por una subrogación hipotecaria relacionada con una parcela de Barcelona.
Además de Parra, se sientan en el banquillo el directivo de Banco de Valencia Francisco Egea Beneyto y de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja) el que fuera director del Área de Riesgos José Vicente Giner Ponce y el que fuera director del Área de Negocio Juan Zurita.
Los cuatro, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, "aprobaron, en detrimento de los legítimos intereses de las entidades financieras que debían defender, la subrogación" por parte de una mercantil denominada Iberfin Capital SL de una carga hipotecaria que resultó ser inferior en casi 10 millones de euros a la que originariamente gravaba la finca adquirida.
Esa finca se ubicaba en Barcelona, en la Plaza de Cataluña con Paseo de Gracia, y la hipoteca procedía de un préstamo anterior concedido por ambas entidades a la sociedad 'Patrimonial Andybal SL'. Los responsables de Iberfin Capital SL son los otros tres procesados, José Antonio Parra Aznar (hijo de Domingo Parra), Francisco de Andrés Sales y Dimas de Andrés Pujol (hijo de Francisco de Andrés).
En concreto, el reparto de la sociedad quedaba de la siguiente manera: el 25% era de Intercapiresa SL, de la familia del propio Domingo Parra, y el 75% restante era de Inversora del Reyno de Valencia SL, propiedad de Francisco de Andrés Sales y su esposa. Fiscalía ha calculado que el beneficio obtenido por la familia de Domingo Parra se acerca a los tres millones de euros.
El Ministerio Fiscal señala que los hechos son constitutivos de dos delitos de administración desleal según el artículo 295 del Código Penal vigente en el momento de la comisión, o alternativamente de dos delitos de apropiación indebida del artículo 252 en relación al 250.5 del Código Penal vigente en el momento de la comisión de los hechos.
Así, pide para Domingo Parra dos o alternativamente tres años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargo, empleo o profesión en el seno o a cuenta de una entidad bancaria. Para su hijo se solicita prisión de cinco meses o alternativamente prisión de un año y seis meses por el delito de apropiación indebida según el artículo 252.
Para Francisco de Andrés se solicitan diez meses por administración desleal o alternativamente un año y seis meses de prisión por apropiación indebida de acuerdo al artículo 252. Idénticas penas se piden para su hijo Dimas de Andrés. Por su parte, para Jose Vicente Giner, Juan Zurita y Francisco Egea se interesan dos años de cárcel por administración desleal o alternativamente tres por apropiación indebida.
Además, el Ministerio Público solicita que Domingo Parra, Francisco Egea, José Antonio Parra, Francisco de Andrés y su hijo indemnicen conjunta y solidariamente al FROB y en su defecto a Caixabank (sucesor del Banco de Valencia) con la suma de 4,2 millones de euros mas los intereses devengados desde noviembre de 2010. A esta responsabilidad civil añade que Francisco de Andrés, Juan Zurita y José Vicente Giner deberán indemnizar a Bankia (sucesora de Bancaja) con la suma de 5,3 millones mas los intereses devengados.
De estas sumas, será asimismo responsable civil subsidiario Iberfin Capital SL, mientras que Intercapiresa SL responderá como partícipe a titulo lucrativo por el importe de 2,7 millones.
EL DESARROLLO DE LOS HECHOS
El origen de la operación se haya en 2006, cuando Patrimonial Andybal SL formalizó con Banco de Valencia un préstamo mercantil por importe de 50 millones y con Bancaja otro de 62 millones, sumando en total 112 millones para la adquisición de dos edificios en Barcelona. Quien respondía de esos préstamos eran las empresas que estaban detrás de la mercantil, que eran propiedad del Grupo Ballester.
En su escrito, la Fiscalía ya apuntaba que para la concesión de esos préstamos no se tasaron los inmuebles ni se otorgaron garantías hipotecarias sobre los mismos, además de que los técnicos de Bancaja y Banco de Valencia desaconsejaron la operación. Pero finalmente se formalizó la constitución de garantías hipotecarias en diciembre de 2008.
Con este panorama entran en juego los hijos de Parra y de De Andrés, que deciden adquirir los bajos de uno de los dos edificios, el ubicado en Plaza Cataluña con Paseo de Gracia, además de otro local del mismo edificio que era de Banesto. La idea era unir ambas fincas, reformarlas, arrendarlas a una marca de prestigio (Apple) y luego venderlo a un inversor para tener una plusvalía que podía rondar los 20 millones.
Por eso se dirigieron a Banco de Valencia y Bancaja para fijar que la carga que gravase esa parte que iban a adquirir del edificio quedase reducida a la cantidad que estaban dispuestos a pagar, es decir 27,4 millones de euros.
UNA OPERACIÓN SIMULTÁNEA
Para ello y con la finalidad de propiciar esa reducción, en 2010 Francisco de Andrés vende el 25% de Iberfin a Intercapiresa por medio millón de euros. Esa sociedad estaba participada por los hijos de Domingo Parra, por él mismo y por su esposa.
Tras esto, adquirieron los dos inmuebles a Patrimonial Andybal y a Banesto (21 millones este último). El precio satisfecho a la primera sociedad fue de 14.159 euros el metro cuadrado mientras que a Banesto se le pagó 48.028 euros por metro cuadrado. Luego, cerraron contrato de alquiler con Apple en noviembre de 2010 y un acuerdo de compra de todo el inmueble con DEKA INMOBILIEN por 68 millones de euros, acuerdo que no llegó a buen término.
Pero para la operación no se realizaron tasaciones valorativas que permitiesen una distribución racional de las cargas hipotecarias que pendían del edificio. "De esa manera, y conscientes de que la carga asumida no era la que gravaba realmente el local, los acusados aprobaron sin ningún contraste que la carga resultante fuese el precio ofrecido por Iberfin Capital SL como consecuencia de las negociaciones descritas", señala el escrito de Fiscalía.
Iberfin formalizó la hipoteca como nuevo cliente obviando el hecho de la condonación de parte de la carga que gravaba el inmueble que adquiría, algo que incrementó el riesgo para Patrimonial Andybal SL (propietario del resto del edificio).
UNA VENTA DE 72 MILLONES DE EUROS
Fiscalía recuerda que en Banco de Valencia la operación fue aprobada por el Comité de Riesgos, en el que estaba Francisco Egea y Domingo Parra, quien ocultó que el vínculo con Iberfin. Por su parte, en Bancaja la operación fue aprobada por el Comité de Riesgos, del que eran responsables Zurita y Giner.
En la subrogación del préstamo se fijó la carga hipotecaria a favor de Bancaja en 15 millones y 12 en favor de Banco de Valencia, en total 27 millones, diez millones menos que lo que calculó posteriormente los inspectores del Banco de España. El inmueble fue vendido a la mercantil Pontegadea en 2012 por 72 millones, por lo que el beneficio para Iberfin se calcula entre los 17 y los 20 millones. Tras esto, en 2013, Francisco de Andrés recuperó la participación de Intercapiresa en Iberfin abonando para ello 3,2 millones.
