La Asociación de Fiscales respalda la actuación del fiscal Alonso y culpa a Conde-Pumpido de la "tensión institucional"

Actualizado: viernes, 27 octubre 2006 20:33

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fiscales respaldó hoy la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso de negarse a participar en el juicio que se celebró contra el etarra José Ignacio De Juana Chaos por su oposición a rebajar la pena de 96 años de cárcel que pedía inicialmente por amenazas e integración en ETA. La asociación culpa al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de la "grave situación" creada por "una permanente tensión institucional, dentro y fuera del Ministerio Fiscal" como consecuencia de sus últimas declaraciones.

En su opinión, la rebaja de la petición de pena del Ministerio Fiscal para el preso etarra, que estuvo 60 días en huelga de hambre, distorsiona "gravemente" la imagen de los fiscales, por lo que exige a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que explique "públicamente" sus nuevos criterios de actuación respecto a De Juana. El fiscal Fernando Burgos ha pedido finalmente 13 años de prisión por un delito de amenazas terroristas o, subsidiariamente, 4 años por un delito de actividad terrorista en concurso con otro de enaltecimiento del terrorismo.

Asimismo, los fiscales conservadores destacan en un comunicado "el coraje personal y profesional" del fiscal Alonso por ser "un ejemplo para toda la ciudadanía" de que todavía quedan en esta carrera muchos profesionales que están dispuestos a seguir las indicaciones que parezcan "ilegales o improcedentes" jurídicamente.

La Asociación de Fiscales reitera, por otro lado, la necesidad de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para "profundizar" en la autonomía funcional de la institución. Según explica, se trata de reforzar los órganos colegiados, como el Consejo Fiscal, para evitar, según ellos, sucesos como el cese del ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, y para desvincular la figura del fiscal general del Estado del poder ejecutivo de turno.