MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) han interpuesto ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un recurso de reforma, subsidiario de apelación, contra el auto dictado por el juez Baltasar Garzón en relación a Acción Nacionalista Vasca (ANV).
En dicho auto, el magistrado asegura que la citada formación no tiene vínculos con ETA-Batasuna, a pesar de que destaque "la existencia de datos que demostrarían la proximidad, influencia y posible participación de Batasuna, a través de alguno de sus responsables, en la confección de alguna de las listas electorales".
En un comunicado, la asociación que dirige Francisco José Alcaraz explica que en su escrito de apelación solicitan que el auto sea revocado, dado que entiende que éste "es nulo de pleno derecho, según se establece en el articulo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración atribuible directamente al instructor de los derechos de tutela judicial efectiva y derecho de defensa que consagra el artículo 24 de la Constitución".
En dicho recurso, la AVT denuncia que "no se ha respetado el procedimiento adecuado y procesalmente ordenado para dar traslado a las partes de los informes obrantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil", lo que ha causado "indefensión".
Añade, en este sentido, que el elemento fundamental en el que se ha basado el juez instructor es "desconocido" para los representantes de la AVT en el momento del proceso, y que, por esta razón, "no es posible" que se realizaran alegaciones por parte de la asociación.
Asimismo, la AVT expone en el recurso de apelación "que existe una nulidad total de actuaciones, achacable directamente al juez, vulnerando la tutela judicial efectiva a la que está obligado y el derecho en este caso de acusación por la forma de actuar, con todos los respetos para el juzgado, en términos de defensa, pero con el convencimiento de lo que decimos".
La AVT pide, además, que, para que la resolución esté ajustada a derecho, se "dé traslado efectivo a todas las partes de los informes elaborados por el servicio de información de la Guardia Civil, así como del informe conjunto de ambas, que se cite a comparecencia a los mismos a los efectos que los ratifiquen, los expliquen, los amplíen o varíen, y posteriormente se proceda a la realización de la correspondiente comparecencia de todas las partes, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal a efectos de solicitar, si procede, la suspensión de actividades o su continuación".
