MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará el próximo jueves a María Bernardo Bonada, para quien la Fiscalía pide 9 años de cárcel y multa de 720 euros por un delito de colaboración con organización terrorista, en concreto por sus actuaciones en favor del 'comando Gaztelugazte' de ETA a principios de los años 2000.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Perals señala que a los miembros de este "comando", Fernando García Jodrá, José Ignacio Krutxaga y Lierni Armendariz la dirección de ETA les ordenó que atentaran contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, políticos y miembros de las fuerzas armadas en Cataluña.
El primero de ellos, líder del grupo terrorista, contactó Zigor Larrendonda en Barcelona - en cuyo domicilio se encontró una carta de García Jodrá anteriores a los Juegos Olímpicos Barcelona 92, en la cual textualmente se dice "a ver si Terra Lliure ahora que ha vuelto a empezar, mete caña en los juegos olímpicos".
El 'comando' también contaba con la ayuda de Laura Riera, quien trabajaba como auxiliar administrativo interino en la sección de multas del Ayuntamiento de Tarrasa y a través del sistema informático instalado tenía acceso a la base de datos de la Dirección General de Tráfico, así como la de Diego Sánchez Burría para lograr pisos de alquiler en los que ocultarse.
Fernando García Jodrá, aprovechando los datos que le dio este último, contactó con la ahora acusada Marina Bernando, quien "igualmente se brindó a prestar ayuda al 'comando'" según el relato del fiscal Perals.
AUXILIO AL LÍDER DEL 'COMANDO'
Entre otras actuaciones, esconder a García Jodrá en casas de terceras personas haciéndoles pasar por un amigo tras la detención del resto del grupo, que se produjo después del intento fallido de colocación de un artefacto explosivo en la sede central de Correos de Barcelona en enero de 2001.
Tras ello la acusada trasladó al terrorista a Francia en motocicleta y unos meses después, en el verano de ese mismo año, le volvió a prestar ayuda al acogerle en su domicilio en la calle Bailén de Barcelona, donde se hallaron posteriormente por las fuerzas de seguridad del Estado un CD conteniendo diferente información relativa a posibles objetivos
de la banda terrorista ETA.
Marina Bernardo, hasta su huida como consecuencia de su participación en los hechos del presente procedimiento, trabajaba como auxiliar administrativa en el Instituto víctimas de atentados como altos mandos de los Ejércitos y la Guardia Civil, miembros de la Carrera Judicial y miembros del Ministerio del Interior.
