MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de lo Penal la Audiencia Nacional juzgará mañana a seis miembros del llamado Movimiento Anarquista Libertario y de la Extrema Izquierda por un total de 17 actos delictivos perpetrados en diversos barrios de Barcelona desde principios de 2002 hasta finales de 2003 mediante la colocación de artefactos incendiarios y explosivos contra instalaciones públicas y edificios privados. Por estos hechos, la Fiscalía solicita para cinco de los acusados penas de prisión entre 55 y 144 años y reclama para el sexto cinco multas que suman 300.000 euros.
El Ministerio Público considera que los actos callejeros realizados por los integrantes, dos de ellos con antecedentes penales, de este grupo anarquista son constitutivos de los delitos de integración y pertenencia a banda armada, daños terroristas, tenencia ilegal de armas, conspiración de estragos terroristas, depósito o tenencia de sustancias o aparatos explosivos, asesinato terrorista en grado de tentativa, entre otros.
Los procesados son Joaquín Felicísimo, Rafael Tomás Gaspar, Carolina Forné, Igor Quevedo, Roger Grass y Teodoro Hernández. Según el escrito de acusación del fiscal, Joaquín Felicísimo desempeñaba labores de dirección, puesto que tenía más experiencia en este tipo de actos callejeros por su trayectoria delictiva previa, que le costó abundantes antecedentes penales.
VIOLENCIA CALLEJERA
El escrito de calificación enumera un total de 17 actividades delictivas llevadas a cabo por este movimiento radical que van desde la rotura de las pantallas de los cajeros automáticos de varias sucursales bancarias hasta la colocación de artefactos incendiarios en subestaciones eléctricas, establecimientos de hostelería e incluso contra un convento de monjas, entre otros lugares. Entre estos actos, destaca el envío por correo de un libro-bomba a la Embajada de Grecia en Madrid, que fue desactivado por un tedax del Cuerpo Nacional de Policía.
Durante el registro de los domicilios de los procesados se intervinieron armas de diverso calibre, entre ellas una pistola, dos revólveres y una escopeta de cañones recortados. Según el escrito, los acusados carecían de las licencias de estas armas, las cuales "estaban en perfecto estado de funcionamiento". Las armas fueron adquiridas con el dinero aportado por los procesados Rafael Tomás Gaspar, Carolina Forné e Igor Quevedo Aragay. También se localizó material químico y electrónico para la elaboración de explosivos.
