LEGANÉS (MADRID), 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno local de Leganés (PSOE e IU) defendió hoy nuevamente la "legalidad" de las adjudicaciones que investiga la Fiscalía de Madrid tras las denuncias de la oposición al asegurar que todas las empresas contaban con NIF en el momento de las contrataciones -lo que les validaba para funcionar- y que en todos los casos hubo concurso público.
Fuentes municipales declararon a Europa Press que en el Ayuntamiento "hay tranquilidad absoluta porque se ha obrado correctamente", según subrayaron tras reiterar que los expedientes denunciados están todos "justificados".
En el caso de la adjudicación del contrato de edición y distribución de la revista municipal 'La Plaza' a la empresa 'Alazar Public', las mismas fuentes informaron de que ésta se realizó mediante un "concurso" al que concurrieron tres compañías privadas. Además, se ofreció a la empresa que hasta ese momento gestionaba la revista, 'Ecodiez', participar en el concurso, opción que "declinó".
En este sentido, precisaron que la empresa municipal de Comunicación, LEGACOM, no tenía "la obligatoriedad de convocar el concurso" -ya que éste se produjo unos días antes de que entrase en vigor la nueva Ley de Contratación en la Administración Pública- y que se realizó la convocatoria "precisamente como ejercicio de transparencia".
En este caso, el partido independiente 'Unión por Leganés' (ULEG) denunció el pasado mes de febrero que la adjudicación a la empresa se realizó apenas una semana después de que ésta estuviese constituida oficialmente.
Para el Partido Popular, este expediente certifica que la adjudicación de este "contrato millonario" se realizó "a dedo" y "sin concurso". Además, los populares denunciaron que a 'Alazar' se le habría abonado, entre junio y diciembre del pasado año, "facturas de servicios por un montante total de 243.450 euros".
'TOONE' Y LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS
Otro de los casos denunciados es el de la empresa 'Toone Producciones', propiedad de un empresario amigo del alcalde, Rafael Gómez Montoya (PSOE). En este caso, la oposición denunció que se habría adjudicado un contrato a esta compañía por importe de 11.600 euros para la contratación del grupo 'Pata negra' durante las fiestas de San Nicasio de 2007.
La empresa -según el portavoz PP, Jesús Gómez- no estaba inscrita en el Registro Mercantil en el momento de la adjudicación, lo que al margen de ser "manifiestamente ilegal", podría derivar en un presunto delito de prevaricación.
Desde el Ayuntamiento se aseguró hoy a Europa Press que la adjudicación se realizó "en el momento en que la compañía dispuso de NIF", lo que -según esta versión- le validó a "obrar legalmente, aunque no coincidiese con la fecha de alta en el Registro Mercantil".
En este caso, los técnicos municipales y servicios jurídicos valoraron y supervisaron el expediente, al que dieron vía libre. El Ayuntamiento volvió a realizar otras dos contrataciones con esta empresa, operaciones que se cerraron por importes de 42.688 y 27.840 euros, respectivamente, un contrato doble para la la contratación de varios artistas -entre ellos, Rosendo y Delinqüentes- para el concierto de inauguración de los locales de ensayo del 'Centro Primero de Mayo', en noviembre de 2007.
'NO SÓLO DE PAN*' Y LOS CATERING
El último expediente que llevaron a la Fiscalía el Partido Popular y ULEG fue el de la empresa 'No sólo de pan vive el hombre SL', también vinculada a un amigo de Gómez Montoya, el mismo que gerencia 'Toone'.
Fuentes municipales subrayaron que esta adjudicación se ajustó también a la legalidad. El caso concreto que se investiga es la presunta adjudicación "a dedo" y "sin ningún tipo de concurso previo" de un contrato de 12.000 euros para abastecer de 'catering' al primer Foro de Transferencia Tecnológica, que se celebró los pasados días 30 y 31 de octubre en la localidad.
Tras admitir que el plan de austeridad municipal ha propiciado la reducción de estos contratos, fuentes del Ejecutivo señalaron a Ep que "son siete a las empresas que rotan en los servicios de catering municipal", con lo quedaría en entredicho el postulado de que se intenta beneficiar desde el Ayuntamiento a empresarios cercanos al alcalde.
La idea, según las mismas fuentes, es que "no se deje fuera a nadie en estos servicios puntuales".
Ayer, Gómez Montoya admitió que amigos suyos resultaron adjudicatarios de contratos municipales, aunque defendió la "legalidad" de estas actuaciones argumentando que los procedimientos se ajustaron a lo que marca la legislación y atribuyendo las denuncias a un intento del PP de desviar la atención de los casos de presunta corrupción que están produciendo en el ámbito regional.
"Es una exclusiva vuelta de tuerca más del PP para demostrar que todos somos iguales, que la clase política de Madrid es toda corrupta", afirmó.
