Recomiendan revisar la competencia sancionadora en espectáculos públicos y mejorar la coordinación con la Policía
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid enviará de forma "inmediata" al Juzgado de Instrucción número 43 y al Defensor del Pueblo el informe que la Inspección General de Servicios sobre las actuaciones administrativas del Consistorio con relación a la actividad desarrollada por el Balcón de Rosales, un documento solicitado por el juez a raíz del asesinato del joven Álvaro Ussía a las puertas de la discoteca el pasado 19 de noviembre tras recibir una paliza, presuntamente, a manos de uno de los porteros.
El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó hoy durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el informe cuenta con más de 1.700 folios, incluidos los anexos, donde la atención se centra fundamentalmente en el análisis a las denuncias policiales sobre diferentes aspectos e irregularidades del local.
Así, las conclusiones a las que se llega en esta investigación son que el Balcón de Rosales contaba con una concesión administrativa desde 1967 para cafetería, que fue ampliada en 2000 con una autorización del Pleno municipal para tener autorización de café-espectáculo, permiso en el que se entendía implícita la licencia urbanística para tal actividad.
Antes de la muerte de Ussía, el informe reconoce que hubo doce inspecciones de la Policía Municipal a la sala entre 2006 y 2008. De ellas, cinco fueron por reyertas, dos por ruido, una por horarios, otra por hojas de reclamaciones y otras tres por motivos diferentes. Además, se apunta que las infracciones muy graves de la Ley de Espectáculos que se detectaron fueron remitidas a la Comunidad de Madrid, no teniendo el Ayuntamiento conocimiento de la actividad realizada por el Ejecutivo autonómico.
El Gobierno local, por su parte, instruyó distintos expedientes dentro de sus competencias sancionadoras a raíz de las denuncias, continúa el documento, fechado el 20 de enero. Además, en él se señala la especificidad que supone la licencia administrativa de un local que desarrolla sus actividades en una concesión administrativa.
"Esto ha contribuido a provocar cierta confusión en la tramitación de los expedientes que, en su componente más grave, correspondían a la Comunidad de Madrid, y en el hecho de la intervención de diferentes órganos administrativos en el proceso de autorización de la licencia de este local, por una parte, y en el sancionador por las conductas previstas por la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), por otra", subrayó Gallardón.
RECOMENDACIONES
Así, la Inspección General de Servicios recomienda que se revise el marco normativo de la competencia sancionadora en materia de espectáculos públicos, que se cree un órgano que sirva de nexo entre el denunciante y el tramitado de los expedientes sancionadores, a fin de poder seguir detalladamente los mismos; y que se inste al ejercicio de la facultad sancionadora.
Por otra parte, se llama la atención sobre la conveniencia de aumentar la coordinación entre los órganos encargados de la aplicación de la LEPAR y la Policía Municipal, así como la necesidad de realizar un estudio que analice y revise el procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos desde su inicio y en todos sus trámites, así como los medios que el Ayuntamiento dedica al mismo con relación a su carga de trabajo con el objetivo de proponer las medidas que eviten la repetición de los hechos.
