Los socialistas critican que el Gobierno canario quiera "acaparar" competencias de las corporaciones insulares y derogue la Moratoria
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PSC-PSOE y secretario de política autonómica regional, Santiago Pérez, anunció hoy que su partido presentará una enmienda a la totalidad de devolución, sin texto alternativo, al Proyecto de Ley (PL) de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo, al tiempo que adelantó que de aprobarse el texto los ayuntamientos y cabildos regidos por su formación preparan un recurso ante el Tribunal Constitucional "en defensa de su autonomía".
Pérez explicó, en rueda de prensa, que la norma impulsada por el Gobierno de Canarias "rompe consensos para romper con el sistema establecido". Así denunció que el Ejecutivo quiera acaparar más competencias y que pretenda tramitar el PL a través de la vía de urgencia que limita los tiempos. "Hablan de urgencia, pero a pesar de ello, 17 de sus 20 artículos remiten a un desarrollo posterior", indicó.
Para el socialista, las 'Medidas Urgentes' suponen una derogación "vergonzosa" de la 'Moratoria turística'. Pérez recordó que la norma del Ejecutivo introduce la posibilidad de construir hoteles de cinco estrellas cuyo 10 por ciento sea destinado a hoteles-escuela y que se fijen convenios con el Servicio Canario de Empleo. "Se está lejos de la alta cualificación para nuevas construcciones que contemplaba la moratoria", añadió.
En esta línea crítica, el parlamentario censuró que el PL suponga un "acaparamiento" de más competencias por parte del Gobierno de Canarias, hecho cuestionado ya por los arquitectos, recordó. "Pone cualquier excusa para sancionar a las corporaciones locales, cabildos y ayuntamientos, y asumir sus competencias, pero cuando es el Ejecutivo quién incumple se propone la simplificación de los procedimientos", resumió.
Pérez expuso que con este criterio el Gobierno rompe el consenso entre administraciones, "gestado en nuestro acervo legislativo" y aseguró que con estos planteamientos las competencias de los ayuntamientos "se ven notablemente debilitadas". Esto lo calificó como un auténtico "despojo de competencias".
"Cuando un ayuntamiento no planea, bien por falta de voluntad o de medios, el Gobierno puede ordenar de forma provisional en aspectos estructurales y también en aspectos sensibles. Se trata de una sanción a los municipios a los que se despoja de su potestad de elaborar planes de ordenación y definir el modelo de localidad que quieren", ejemplificó para justificar la acción ante el Constitucional en favor de la autonomía local.
ALTERNATIVAS
El secretario de política autonómica aprovechó para "compartir" la necesidad de mejorar el ordenamiento y simplificarlo en materia medioambiental, "pero no rompiendo el sistema". Aquí abogó porque la norma fortalezca los planes insulares de ordenación (PIO) y que las materias competencia del Gobierno sean más "complementarias". Los socialistas llevan meses estudiando la posibilidad de presentar su propia 'Moratoria'.
"Utilizaremos todos los mecanismos a nuestra disposición en defensa de la autonomía de los cabildos y ayuntamientos", recalcó Pérez que también aclaró que la representación municipal y en los cabildos --gobierna en tres-- permite al PSOE presentar iniciativas en el Constitucional por esta materia.
Pérez y ante el rechazo a la media manifestó que el propio Consejo Consultivo reconoce en su dictamen sobre la norma que es de carácter "superficial" por lo que "disecciona de forma breve" el documento. "Es desproporcionado en su brevedad con respecto a la importancia que tiene", añadió. De igual forma, expuso que el Consejo Económico y Social reconoce que no puede valorar ciertos aspectos "porque el Gobierno no facilita datos cuantitativos y cualitatitvos de cómo está actualmente la planta alojativa".
INFORME DEMOLEDOR
Por último, calificó como "demoledor" el informe del director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el cambio climático, Faustino García, en el que se indica, según Pérez, que "se rompe con el principio de la unidad en el sistema de planeamiento al inventarse el Ejecutivo mecanismos que promueven que algunos instrumentos ya consolidados pasen a ser en meros actos administrativos".
Para Pérez esto no supone una mayor seguridad jurídica y aseguró que se propicia que se tomen medidas de forma "discrecional".
