La defensa de Blanco denuncia una "investigación paralela y secreta" de la Policía que ha lesionado sus derechos fundamentales
MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La defensa del exministro de Fomento y actual diputado, José Blanco, ha solicitado al Tribunal Supremo que archive las actuaciones seguidas en el 'caso Campeón' porque la instrucción ha acreditado la "completa inocencia" de su cliente y la inexistencia de indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El abogado González Martínez Fresneda ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita al instructor José Ramón Soriano que dicte un auto declarando el sobreseimiento libre de las actuaciones en las que se investiga una supuesta trama fraudulenta de subvenciones públicas.
La representación del exministro socialista entiende que la fase de instrucción se ha agotado logrando "desvirtuar" los indicios que provocaron la remisión de la exposición razonada por parte de la titular del Juzgado número 3 de Lugo, Estela San José, al Tribunal Supremo en noviembre de 2011.
Tras más de un año de investigación, el abogado defensor solicita también que el juez requiera "con carácter de urgencia" a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que aporte al procedimiento las respuestas de la Agencia Tributaria y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) sobre las declaraciones tributarias e información financiera interesadas.
Demanda igualmente que aporte de forma inmediata copia de la comisión rogatoria remitida a Andorra, así como copia del disco duro del ordenador de Xoán Manuel Bazarra, el que fuera jefe de gabinete del exconselleiro de Innovación e Industria en el bipartito, Fernando Blanco.
VALORACIONES DE LA POLICÍA "PLAGADAS DE JUICIOS DE VALOR"
En sus alegaciones, denuncia la "investigación paralela y secreta" llevada a cabo contra su representado por "ciertas" unidades de la Policía, que decidieron actuar por "su propia iniciativa" y someter los resultados obtenidos a "una valoración crítica, plagada de juicios de valor manifiestamente tendenciosos y procesos de intenciones".
Por ejemplo, indica que la Policía habría decidido investigar de forma "autónoma, independiente y paralela a la causa especial" la compra de Blanco de su vivienda en el año 2006. "Que nos conste, el instructor jamás ordenó a la Policía que investigara por su cuenta el patrimonio de mi mandante", señala.
"Los riesgos derivados de que la Policía se apropie de la instrucción de una causa penal, para actuar por su cuenta, en ocasiones incluso en contra de las órdenes recibidas por el instructor" y sin que el imputado conozca sus gestiones o "entrevistas" lesiona el derecho a la tutela judicial efectivo y a un proceso público con todas las garantías.
Advierte así del "irregular" proceder de algunos agentes policiales al "echarse a la calle" para entrevistar a varias personas sobre la compra de la casa, de la que ha defendido su legalidad. En este sentido, ha lamentado que esta imputación "absurda" ha tenido efectos "mediáticos" que han hecho pensar a los espectadores que su cliente compró su casa con dinero no declarado.
PROLONGAR LA "INFAMIA PÚBLICA"
Según sostiene la defensa, la prolongación "artifical" de las diligencias supone prolongar "la infamia pública de alguien que no hizo sino cumplir con su deber, limitándose a facilitar el contacto de un empresario con un responsable municipal. Nada más".
A su entender, la investigación también ha acreditado la "falsedad" de las imputaciones vertidas contra él por el empresario gallego Jorge Dorribo de haber cobrado por hacer gestiones en su favor. "Habría declarado mendazmente --hasta el extremo de manipular pruebas-- para poder salir en libertad", señala.
Pone de relieve que las "contradicciones" y la "improvisación" han demostrado "inciertas" las acusaciones de Dorribo y añade que la instrucción ha revelado que "no ha existido participación relevante" del entonces ministro en la concesión de la licencia a Transportes Azkar por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.
Su intervención, según explica, se limitó a indicar al vicepresidente de Azkar José Antonio Orozco que "se pusiera en contacto con el secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas" y éste "propuso a Orozco que pidiera una reunión con el alcalde, ofreciéndose él mismo a servir de contacto con el alcalde".
"Y así sucedió: José Antonio Orozco pudo reunirse con el alcalde, a quien le expuso su proyecto, y el expediente continuó su marcha con toda normalidad, sin que nadie del Ministerio influyera o participase de ninguna forma", remarca, para hacer hincapié en que su defendido "se limitó exclusivamente a facilitar el contacto a un empresario con un alcalde".
"No existe ni un solo dato de que José Antonio Orozco pidiera a José Blanco que mediara para conseguir una resolución en un sentido determinado (apenas que gestionara una reunión donde poder explicar lo que pretendía hacer en Sant Boi), ni mucho menos que José Blanco influyera para que se forzara la voluntad de nadie para suscribir una determinada resolución en un sentido u otro", resume.
Por último, pone de manifiesto que las pruebas han demostrado que ni el Ministerio de Sanidad ni la Agencia Española de Medicamentos dictaron resolución alguna, autorizaron o beneficiaron con algún trato a favor a Dorribo.
