VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, replicó hoy a Aznar que, lejos del negro panorama que éste dibujo ante el proceso de reforma estatutaria, "lo que no soporta España es un gobierno que bajo el salario mínimo, que no favoreció la igualdad de la mujer y que pospuso la atención de los discapacitados".
Caldera, quien intervino hoy en la Feria de Muestras de Valladolid para, junto con el máximo responsable del partido, José Luis Rodríguez Zapatero, presentar ante cerca de 4.000 personas la futura Ley de Autonomía Personal y de la Dependencia, recordó a los populares que "hablar de política social es contribuir al futuro, mientras que en la convención sólo se habla del pasado".
El titular de Trabajo se defendió también de quienes le reprochan que se centra excesivamente en su cartera y alegó en su descargo que "lo que se hace en política social es tan importante que es difícil pensar en otras cosas", máxime, además, cuando Rodríguez Zapatero le encargó convertirse en el "ministro de las personas".
Así, Caldera destacó que en los dos últimos años el Gobierno socialista se ha hecho cargo de muchas personas, entre trabajadores, a los que se ha subido el salario mínimo en 80 euros, frente a los 70 conseguidos en toda la legislatura Aznar; los pensionistas, a quienes se han subido las pensiones más bajas; las mujeres maltratadas, para las que se elaboró la Ley que combate el "machismo criminal", las personas discapacitadas, objeto de la ley presentada hoy en Valladolid, el colectivo de inmigrantes.
POLITICA SOCIAL Y RENTABILIDAD
Sobre estos últimos, sin que llegara a posicionarse sobre la propuesta de Rajoy de que puedan votar aquellos que posean permiso de residencia, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales destacó que la política que se ha impulsado en su favor está también dando sus réditos puesto que el 1.800.000 inmigrantes que cotiza ahora a la Seguridad Social permite cubrir todo el gasto en educación obligatoria.
En el caso concreto de la Ley de Dependencia, Caldera destacó que la puesta en marcha de la misma, en enero de 2007, permitirá ofrecer servicios residencia, asistencia domiciliaria y centros de día para un colectivo que sólo en Castilla y León aglutina a un total de 80.000 dependientes.
La inversión anual para el cumplimiento de la ley superará los 200 millones de euros y generará en Castilla y León, paralelamente, más de 20.000 empleos directos.
