PSE y PP dicen que la medida da "munición intelectual" al entorno de ETA y supondría la excarcelación de terroristas como 'Txapote'
VITORIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento vasco aprobó hoy una moción que insta al Gobierno central a "reconocer" la existencia de torturas y pide la suspensión de los procesos judiciales en los que se haya aplicado torturas e incomunicación, así como la desaparición de la Audiencia Nacional. El texto, apoyado por PNV, EA, EHAK y Aralar, fue rechazado por PSE y PP, que afirmaron que ofrece "munición intelectual" al entorno ETA y advirtieron de que su aplicación supondría la excarcelación de terroristas como Javier García Gaztelu 'Txapote'.
La proposición no de ley, en cuya votación en el pleno de la Cámara se abstuvo EB, que presentó una enmienda a la misma, insta al Ejecutivo central a derogar la Ley Antiterrorista y el régimen de incomunicación de detenidos.
En su segundo punto, el texto exige la desaparición de la Audiencia Nacional "como tribunal especial que no hace efectivas las garantías procesales, especialmente cuando se admiten declaraciones obtenidas bajo torturas y se aplica la denominada justicia del enemigo".
Además, la Cámara pide a la Audiencia Nacional "la suspensión y archivo de todos los procedimientos judiciales en los que se haya aplicado tortura e incomunicación a los detenidos".
Por otra parte, se insta al Gobierno central al "reconocimiento político de la existencia de torturas y de su aplicación, en algunos casos de forma sistemática, como vía de resarcimiento a todos los afectados por esta práctica". En su cuarto y último punto, el texto expresa su "solidaridad con los afectados por estas prácticas".
"CAMPAÑA ORQUESTADA"
El parlamentario del PSE Rodolfo Ares acusó a PNV y EA de "mezclarse" con otras formaciones "embarcadas en una campaña orquestada" de denuncias por torturas destinada a "deslegitimar el Estado de Derecho", una reflexión con la que coincidió el PP. Por ese motivo, advirtió a las dos principales formaciones del tripartito de que no caigan "en la trampa" de esos partidos.
Ares defendió el papel de la Audiencia Nacional, de la que afirmó que respeta "todas las garantías" de las personas a las que juzga, y aseguró que se trata de un tribunal "necesario" para hacer frente al terrorismo y a las mafias organizadas. Por ese motivo, consideró que las críticas a este tribunal que contiene la moción son "gravísimas" e "inadmisibles".
El dirigente socialista volvió a dirigirse a "los partidos de larga trayectoria democrática" que respaldaron el texto para advertirles de que, en caso de aceptarse la suspensión de los procedimientos en los que se ha aplicado la incomunicación, terroristas como Javier García Gaztelu 'Txapote' o Henri Parot tendrían que ser excarcelados. "¿Es eso lo que quieren?", les advirtió, en un argumento en el que también coincidió con el PP.
"DESPROPOSITO"
Por su parte, el portavoz popular en materia de Interior, Carlos Urquijo, calificó la moción de "despropósito" por tratarse de un texto que trata de "desactivar un órgano clave en la lucha contra el terrorismo". Respecto a la petición de PNV y EA de que sean los tribunales ordinarios los que juzguen los casos de terrorismo, puso en duda que un juez en el País Vasco pueda juzgar "con objetividad" un caso de estas características, especialmente "con la que se ha montado" con el encausamiento del lehendakari por reunirse con Batasuna.
Además, descalificó el texto porque puede servir de "caldo de cultivo para que ETA justifique su actividad criminal" y criticó la petición de acabar con el régimen de incomunicación, ya que este instrumento resulta "vital" para el esclarecimiento de numerosos delitos.
Desde el PNV, José Antonio Rubalkaba rechazó que la moción pueda suponer una deslegitimación del Estado de Derecho y consideró que "habrá que buscar modificaciones para que no existan una serie de situaciones que están complicando el que se pueda avanzar en ese camino hacia la paz".
El parlamentario del PNV defendió la necesidad de que en los procesos judiciales en los que existan "indicios racionales" de que han existido torturas, se busquen pruebas adicionales a las propias confesiones, ya que éstas deberían ponerse "entre paréntesis" por las condiciones en que han sido obtenidas.
Por parte de EHAK, Nekane Erauskin denunció "la estrategia del Estado español en contra de los ciudadanos vascos", cuyos derechos humanos vulnera "permanentemente".
El parlamentario de EA Rafa Larreina afirmó que "cuando un Estado de Derecho no adopta todas las medidas para evitar las torturas, este Estado de Derecho se pone en cuestión".
El portavoz de EB, Oskar Matute, afirmó estar de acuerdo con "el fondo" de la moción, aunque justificó su abstención debido a su negativa a respaldar el punto cuatro de la misma, en el que se pide al gobierno que "reconozca" la existencia de torturas y su aplicación "sistemática". La parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, aseguró que la Audiencia Nacional "no es compatible" con el Estado de Derecho.
