22 de enero de 2020
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  • 28 de agosto de 2019

    Canarias plantea una "ley exprés" en las Cortes para "librar" los anticipos de la financiación autonómica

    Canarias plantea una "ley exprés" en las Cortes para "librar" los anticipos de la financiación autonómica
    El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - ARCHIVO

    LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

    El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha planteado este miércoles la tramitación urgente en las Cortes de una "ley exprés" que dé cobertura al Ejecutivo central para "librar" los anticipos a cuenta de la financiación autonómica.

    El también vicepresidente canario ha entendido que "ahora mismo" esta vía es la única opción posible para desbloquear un asunto que "compromete" el equilibrio presupuestario, "aboca" a las autonomías al incumplimiento del objetivo de déficit público y "pone en riesgo" la prestación de servicios públicos esenciales, como la educación o la sanidad.

    Según ha informado el Ejecutivo regional, así se ha pronunciado Rodríguez después de conocerse el informe de la Abogacía del Estado que considera inviable que un Gobierno en funciones y con un presupuesto prorrogado pueda abonar esos anticipos por impedimentos legales, que en el caso de Canarias ascienden a 223 millones de euros.

    "La única salida a este atolladero es que los grupos parlamentarios o el propio Gobierno central promuevan una iniciativa legislativa para permitir el pago de estos fondos, a través de una modificación legal, si se quiere de carácter excepcional", subrayó.

    Además, recordó que las Cortes aprobaron el año 2011 una reforma de la Constitución en apenas un mes, "por lo que no veo impedimentos para tramitar una ley exprés que dé respuesta a la delicada situación económico-financiera de las comunidades autónomas".

    El vicepresidente observó que el problema afecta a quince autonomías y que su resolución debe trascender de la discusión partidista, porque están en juego los 7.000 millones que el Estado les adeuda en conjunto y la prestación de servicios básicos.

    "Es difícil que alguien se pueda oponer a una solución de este tipo si jurídicamente es posible, dada la magnitud del problema. Si el Ejecutivo no puede resolver un problema por una dificultad legal, el Legislativo debe actuar para dar respuesta a una necesidad objetiva de quince comunidades autónomas, cuyas cuentas están seriamente comprometidas", concluyó.