EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) anunció hoy que, junto con las federaciones adscritas, ha decidido remitir a la Fiscalía "todas las denuncias sobre aquellos que permitan construir en suelo no urbanizable".
En un comunicado, la CAVA explicó que esta fue una de las conclusiones a las que llegó el pasado fin de semana tras las jornadas realizadas en El Puerto de Santa María (Cádiz) sobre urbanismo, con el fin de "poner punto y final" a la situación de "irregularidad urbanística que se está llevando a cabo en casi todos los puntos de Andalucía"
Para ello, indicó, pretende motivar un pacto entre grupos parlamentarios, para la "corresponsabilidad entre administración y parcelistas a la hora de asumir responsabilidades y medidas a la hora de legalizar". Así, crearán comisiones de trabajo donde participarán afectados, no afectados y administraciones para valorar qué puede legalizarse. La CAVA hizo hincapié en que la legalización debe suponer "un coste cero para todos".
Según dijo, su objetivo es "perseguir a todo aquel que participe o se vea involucrado en actividades que incurran en delito, tales como la construcción de viviendas en suelo fuera de planeamiento urbano". Además, anunció que también tramitará a la Fiscalía las denuncias que se hagan hacia ayuntamientos y Administraciones Públicas por "dejadez en sus funciones".
La CAVA aludió al informe presentado el año pasado por Greenpeace, que catalogó la costa andaluza como "la más saturada" ya que, según dicho informe, sólo en el litoral andaluz hay proyectadas "casi 700.000 viviendas y en la costa 41.800 son ilegales. Además también hay proyectados 200 campos de golf y varios espacios naturales sufren el acoso urbanístico".
Asimismo, destacó la importancia de que "a la hora de legalizar algunas urbanizaciones no debe invertirse dinero público, coste cero para las administraciones", ya que, según indicó, muchas de estas viviendas "no cuentan ni con alcantarillado, agua, luz o servicios de saneamiento", una serie de infraestructuras que, en la mayoría de los casos, "se sufraga con el dinero que los ayuntamientos reciben de los impuestos de todos los contribuyentes".
