MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó esta tarde, con los votos en contra de los dos vocales de la mayoría conservadora, Enrique Míguez y Carlos Ríos, archivar la información previa que se había abierto al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con el interrogatorio que realizó los pasados días 28 y 29 de septiembre a los tres peritos policiales que vincularon el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de un procesado en el 11-M y en un piso franco de ETA.
Los vocales Enrique Míguez y Carlos Ríos han disentido de la mayoría, ya que, en su opinión, debía haberse abierto a Garzón un expediente disciplinario por la posible comisión de una falta grave del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (exceso o abuso de superioridad o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos). Ante el archivo de la información previa en contra de su criterio, ambos han anunciado que presentarán sendos votos particulares.
En lo que sí han estado los dos de acuerdo con los otros miembros de la Comisión Disciplinaria, el vocal independiente Agustín Azparren y las vocales de la minoría progresista Montserrat Comas y María Angeles García, ha sido en archivar las otras dos informaciones previas abiertos contra Garzón por la queja de los peritos Manuel Escribano y Isabel López Cidad sobre la falta de competencia del magistrado para investigar el "caso del ácido bórico" y por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M en el mismo sentido. El Servicio de Inspección del CGPJ proponía el archivo de la información previa abierta a Garzón, a instancias del vocal de la mayoría conservadora José Luis Requero, al no existir "prueba alguna" que dé veracidad a los hechos denunciados por los peritos policiales Manuel Escribano e Isabel López, a quienes el juez imputó un delito de falsificación tras interrogarles sobre su informe, imputación que ha sido ahora retirada por la juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego.
Los peritos se quejaron ante el CGPJ del "humillante y vejatorio trato recibido" por parte del juez Garzón, quien, según ellos, "exhibió una total y absoluta falta de respeto y abuso de autoridad" durante su interrogatorio como testigos.
Tras estudiar los indicios existentes, el Servicio de Inspección afirmaba que "no existe en el escrito de denuncia ni se puede deducir de las diligencias practicadas constancia de prueba alguna que permita determinar la veracidad de los hechos objeto de queja", por lo que la información previa debe ser archivada.
El informe de Inspección comenzaba explicando que la parte de la queja de los peritos relativa a la falta de competencia del juez Garzón para citarles a declarar como testigos y luego imputarles, debe ser archivada, ya que se trata de una cuestión jurisdiccional, en la que el CCGPJ no tiene competencia alguna.
Respecto a que se les citara a las cinco de la tarde y el interrogatorio acabara de madrugada, el informe señalaba que la agenda del Juzgado Central de Instrucción número 5 "no fue caprichosa" ni se fijó "con ánimo ofensivo", sino que se produjo "dentro de lo que puede ser la práctica diaria de un Juzgado". Garzón ha aportado un listado pormenorizado de su agenda durante los pasados 28 y 29 de septiembre.
NIEGA "PERMANENTE ATOSIGAMIENTO".
El escrito de los peritos destacaba "el tono altivo del juez, su permanente atosigamiento y corrección tanto sobre el tono" de sus "palabras, gestos y caras. En una actitud soberbia y airada, impropia de cualquier funcionario y mucho más de un juez de la Audiencia Nacional". "No podemos consentir que actitudes como ésta, desterradas en una democracia, se pavoneen en la sede de un Juzgado", insistía el texto.
En cuanto a esa falta de respeto alegada por los peritos, el informe consideraba la queja "genérica e inconcreta". En este sentido, reproducía el informe presentado por los fiscales presentes en la declaración, Pedro Rubira y Olga Sánchez, y la secretaria judicial. La secretaria declaró que ningún testigo "dio muestra de cansancio, alteración o intranquilidad" y agregaba que "no percibió que llorara ni que tuviera intención de hacerlo", y que en un momento que la perito tuvo necesidad de ir al baño se le permitió utilizar el de uso exclusivo del magistrado.
La secretaria también aseguró que los interrogatorios no presentaron incidencias salvo en dos ocasiones, cuando el juez le pidió a Escribano que no levantara la voz. Añadía que al final de su declaración, el juez fue advertido por uno de los fiscales de que el perito estaba modificando párrafos enteros de su declaración, por lo que Garzón le indicó que al leerla podía rectificar errores, pero no hacer una nueva declaración.
Recordó que ante las críticas del perito sobre el tiempo que había esperado para declarar, el juez le preguntó si eso le afectaría a la hora de testificar y si quería ser examinado por un médico forense.
La existencia de esta información previa fue uno de los motivos alegados por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial para denegar el amparo a Garzón, quien lo solicitó ante las "desorbitadas" críticas que recibió después de que imputara a tres peritos policiales un delito de falsedad documental.
