Un vocal propone dilucidar por qué los órganos destinados a la Ejecución Penal no llegan al mínimo fijado, pese a los refuerzos
MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Javier Martínez Lázaro, perteneciente al sector progresista de este órgano y encargado del Plan de Urgencia para las medidas de refuerzo en los juzgados, propone abrir una investigación a lo titulares de los órganos destinados a la Ejecución Penal que, pese a los refuerzos con los que se les ha dotado, no alcanzan el mínimo de rendimiento.
Entre ellos se encuentra el Juzgado de lo Penal número 2, encargado de hacer cumplir las sentencias de violencia de género. Su titular es el magistrado Eduardo López Palop, quien denunció a finales de abril que la situación de colapso en este órgano, con 7.000 ejecuciones pendientes, le situaba "encima de un polvorín".
Según los datos del órgano de gobierno de los jueces, y pese a contar con el refuerzo que solicitó, el Juzgado de López-Palop sólo resolvió durante 2007 el 73 por ciento de los asuntos que le correspondían como mínimo, mientras que en otros órganos, con mayor volumen de trabajo, las mencionadas ayudas sí dieron resultado.
La propuesta de investigar a los Juzgados en los que el refuerzo está fallando, que son seis sólo en Madrid, se incluye en un escrito remitido por Martínez Lázaro a la Comisión Permanente del CGPJ, que se reunirá mañana para estudiar las medidas oportunas a la vista de un informe de los Servicios de Inspección de este órgano, hecho público ayer, que cifra en un total de 269.450 la sentencias de lo penal que están pendientes de ser ejecutadas. Los datos corresponden a diciembre de 2007.
En el mismo escrito, el vocal pide que se aclare que aunque los medios de comunicación se refieren a la existencia de sentencias sin ejecutar, dicho dato no es exacto, porque la cifra de cerca de 270.000 causas (que se elevan a 400.000 si se tienen en cuenta los Juzgados de Instrucción y los órganos centrales, como la Audiencia Nacional), corresponde a procedimientos cuya ejecución se está tramitando, lo que no significa que se encuentren paralizados o pendientes de cumplirse.
Así, explica que la expresión 'pendientes de ejecución' no quiere decir que la sentencia no se esté ejecutando, sino que la ejecución se encuentra en trámite, lo que implica en la mayoría de los casos que la pena se está cumpliendo -la ejecución permanece abierta hasta que la condena se cumple totalmente y se ejecuta la responsabilidad civil-. Lo que ocurre es que mientras tanto hay que gestionar penas de prisión, multas a plazos, retiradas de permisos de conducir, embargo de sueldos por impago de pensiones, vigilancia a las medidas adoptadas en violencia de género etc.
Fuentes del Consejo señalaron hoy que la alarma creada al hacerse públicas las cifras quizá pueda responder a que el informe de la Inspección utiliza de forma inadecuada la expresión "pendencia global de ejecutorias" al referirse a causas que en realidad se están tramitando. Reconocen, no obstante, que no es posible conocer la cifra real de asuntos sin ejecutar, ya que para ello habría que examinar causa a causa en cada uno de los juzgados de Ejecutoria de España.
