También estudiará imponer una sanción de tres meses de suspensión a dos jueces por desatención grave en sus juzgados
MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará el próximo jueves la aprobación de su informe favorable al Anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que pretende el Gobierno, según consta en el orden del día de la reunión.
En dicho informe, el órgano de gobierno de los jueces se muestra generalmente favorable a la reforma, aunque recomienda al Ejecutivo que modifique la redacción del artículo 53.2C del proyecto, que tipifica como "falta grave" la acogida de un inmigrante en situación irregular, al entender la actividad de las ONG que atienden a estas personas podría considerarse una infracción.
El citado artículo 53.2 del anteproyecto tipifica como "falta grave" el "promover la permanencia irregular en España de un extranjero" entendiendo que ello se produce cuando éste "dependa económicamente del infractor más allá del periodo legalmente previsto" para su estancia en el país.
"Con el fin de que no pueda incluirse como conducta infractora la actividad puramente solidaria de aquellas entidades que, sin ánimo de lucro, dedican su actividad a la atención social de los inmigrantes, debería examinarse la posibilidad de excluir de este tipo a esos actos de hospitalidad", señala el CGPJ.
Esta es una de las principales conclusiones del Poder Judicial acerca del anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press. El Gobierno encargó este dictamen al Consejo el pasado 13 de enero, pero hasta el momento, sólo ha elaborado este análisis preliminar que deberá ser refrendado por el pleno el jueves.
Concretamente, la aprobación de este informe está incluido en el Pleno a propuesta de la Comisión de Estudios del órgano de gobierno de los jueces y cuenta con el voto particular de los vocales Concepción Espejel y José Fernández Carnicero González.
UNA DECENA DE RECOMENDACIONES
En total, el CGPJ elevará una decena de recomendaciones que abordan otras modificaciones que el Gobierno ha previsto hacer sobre la Ley de Extranjería, como la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento previo expulsión. El Ejecutivo contempla que este plazo quede suspendido cuando el inmigrante solicite asilo o habeas corpus, o cuando alegue enfermedad, de modo que en estos casos se podría prolongar el encierro más allá del límite previsto.
En este sentido, el CGPJ considera que "deberían excluirse del cómputo del plazo de suspensión" ambas cuestiones ya que "el ejercicio de cualquier derecho de los extranjeros no debería ligarse a una consecuencia negativa, como es la prolongación del plazo de internamiento, salvo que se acredite que su ejercicio tiene un carácter fraudulento".
Asimismo, los jueces opinan que, dado que la suspensión del plazo de internamiento comporta mayor tiempo de privación de libertad, esta medida tiene que estar concebida "con carácter restrictivo" para asegurar el principio de proporcionalidad. "Por ello se estima que el precepto debería contemplar expresamente el plazo máximo que puede extenderse el internamiento" así como recoger una mención expresa al "imprescindible control judicial" de estos procedimientos.
Otra de las cuestiones que recogería la nueva ley es la gestión de las repatriaciones de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a España. El Consejo considera necesario incorporar al texto del Gobierno una "mención expresa a la necesaria audiencia del menor en la tramitación de este procedimiento", conforme marcan las doctrinas del Supremo y el Constitucional.
DESATENCIÓN DE DOS JUECES
Asimismo, el Pleno del Consejo del próximo jueves estudiará la propuesta de su Comisión Disciplinaria para la imposición de una sanción de suspensión de tres meses a dos jueces. Se trata del titular del Juzgado de primera instancia Número Cuatro de Madrid, Joaquín Ebile, de origen guineano, y el titular del Juzgado de lo Penal Número Uno de Gandía (Valencia), Rafael Sempere Domenech.
Según informaron fuentes del Consejo, ambos habrían cometido sendas faltas graves de desatención en sus respectivos juzgados por numerosos retrasos injustificados.
