MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy por unanimidad abrir expediente disciplinario al presidente de la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria, José Antonio Martín Martín, por la comisión de tres faltas disciplinarias muy graves.
De acuerdo con la propuesta del Servicio de Inspección del Consejo, la Comisión Disciplinaria ha incoado el expediente por una falta disciplinaria muy grave del artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) consistente en la "inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas".
La segunda falta muy grave se refiere a que Martín Martín ha podido realizar actividades de asesoramiento jurídico, retribuido o no, lo que, según la LOPJ, es una actividad "incompatible con el cargo de juez o magistrado".
La tercera falta muy grave, del artículo 417.4 de la LOPJ, consiste en la "intromisión mediante órdenes o presiones de cualquier clase en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado". La Comisión Disciplinaria del Consejo acordó designar instructor del expediente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa Tribiño.
No obstante, Martín Martín está suspendido cautelarmente de funciones desde el pasado 19 de enero, como consecuencia de la investigación penal abierta contra él por el presunto intento de favorecer a un acusado de narcotráfico que se encuentra en prisión. Por ello, la investigación disciplinaria queda paralizada hasta que culmine la vía penal del caso.
La Inspección del CGPJ, cuyo jefe, José María Gil Sáez, se desplazó hace unas semanas a Las Palmas para tomar declaración a Martín y al personal de su Juzgado, ha encontrado indicios de faltas muy graves en la actuación del presidente de la Audiencia, como ejercer actividades de asesoramiento jurídico, que son incompatibles para los jueces, o presiones a otros jueces.
La suspensión cautelar de funciones de Martín fue adoptada por el CGPJ tras recibir el auto del Tribunal Superior de Justicia canario, que abría diligencias penales contra el magistrado por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, y designaba instructora de las mismas a la magistrada Carla Bellini.
La investigación contra él partió de unas escuchas telefónicas realizadas por la Policía en una causa, dirigida por el juez de Instrucción número 7 de Las Palmas, Miguel Parramón, que investiga la presunta adjudicación fraudulenta de un concurso público de un parque de energía eólica. En dichas conversaciones, el principal sospechoso, Wilebaldo L., hablaba de la posible puesta en libertad bajo fianza de un presunto narcotraficante en prisión, Rafael Bornia, a través de contactos con el presidente de la Audiencia de Las Palmas.
De acuerdo a las investigaciones del juez Parramón, el magistrado Martín Martín cenó el 5 de mayo de 2005 en un restaurante de las afueras de Las Palmas con Julio Bornia, hermano de Rafael Bornia, Wilebaldo y dos personas más. Se da la circunstancia de que el presidente de la Audiencia de Las Palmas fue ponente de la sentencia que absolvió en su día a Julio Bornia en otro asunto de narcotráfico.
Además, recibió a Bornia y a Wilebaldo en su propia casa en otra ocasión, según las pesquisas policiales. A la vista del contenido de las escuchas telefónicas y de los contactos mantenidos, el juez Parramón decidió poner los hechos en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por si procedía actuar contra Martín Martín.
El auto de este juez señala que por el momento no hay constancia de que Martín Martín percibiese dinero por sus gestiones, y resalta que Rafael Bornia, presuntamente implicado en la "operación Kaiser" contra el blanqueo de dinero del narcotráfico, no fue excarcelado.
La Ley Orgánica del Poder Judicial castiga como falta muy grave el asesoramiento jurídico aunque sea no retribuido, así como las presiones a otros jueces. Las faltas muy graves se sancionan con suspensión temporal de funciones de hasta tres años, traslado forzoso o expulsión definitiva de la carrera judicial.
