La Comisión Disciplinaria archiva la información abierta contra Garzón a instancias de diputados del PSOE por el libro de Amedo
MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy por unanimidad pedir al magistrado de la Audiencia Provincial de Cantabria Esteban Campelo que presente las alegaciones que considere oportunas en las diligencias informativas que se le han abierto por aconsejar a una pareja en trámites de separación acudir a la iglesia, en la sentencia en la que condenó a la mujer a 60 días de multa por abofetear a su marido.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explicaron que a pesar de que el Servicio de Inspección propuso la apertura de un expediente disciplinario al magistrado por una falta grave, los vocales miembros de la Comisión Disciplinaria optaron por abrir unas diligencias informativas y solicitar al juez Campelo que presente las alegaciones que considere oportunas.
La propuesta del Servicio de Inspección considera que los argumentos utilizados por el juez en su sentencia podrían ser constitutivos de una falta grave contenida en el artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona "la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico".
Por otra parte, la Comisión Disciplinaria también acordó por unanimidad archivar la información abierta por el Servicio de Inspección a raíz de la presentación el pasado mes de abril de un escrito de una docena de diputados del PSOE en el Congreso en el que pedían que se investigasen las acusaciones realizadas por el ex comisario José Amedo contra el juez Baltasar Garzón durante la instrucción del secuestro de Segundo Marey por los GAL.
El archivo de la información previa se debe a que el CGPJ no es competente para investigar la responsabilidad civil y penal de los magistrados. En este sentido insistieron en que si se imputan delitos a jueces y magistrados, como los presuntamente contenidos en el libro de Amedo "La conspiración" contra Garzón, debe acudirse a la jurisdicción penal para que sean investigados.
El pasado 11 de abril, una docena de diputados del PSOE en el Congreso, entre ellos Alfonso Guerra y Joaquín Leguina, dirigieron sendas cartas a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en las que pedían que se investiguen las acusaciones del ex comisario José Amedo contra el juez Baltasar Garzón por la instrucción del secuestro de Segundo Marey por los GAL, alegando que, si son ciertas, habría que actuar contra el juez, y si son falsas, sería preciso querellarse contra el policía que fue condenado por los GAL.
Amedo, que a su condena por el caso Marey unía otros 108 años de cárcel por seis asesinatos frustrados del GAL, afirmaba en el libro "La conspiración" que fue "presionado" por el juez y otros dirigentes políticos de aquellos años noventa para desvelar el caso GAL y "lograr el poder político" y "vengarse de sus enemigos". En el caso Marey fueron condenados a prisión los principales actores de la 'cúpula' de Interior de la primera etapa de Felipe González, incluyendo el ex ministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera.
En sus cartas, los diputados socialistas recuerdan que en ese libro "se narra con inusual precisión una parte sustancial" del procedimiento seguido por Garzón en el caso del secuestro de Segundo Marey, acusándose al juez instructor de "delitos tales como prevaricación, malversación de fondos públicos, encubrimiento, coacciones, amenazas y falsedad en documento público", entre otros.
