MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrará mañana a cinco magistrados para cubrir en parte las siete vacantes existentes en el Tribunal Supremo, después de que los vocales de los dos grupos del órgano de gobierno de los jueces (la mayoría conservadora y la minoría progresista) llegaran a un acuerdo sobre los elegidos para ocupar estos puestos, según confirmaron a Europa Press fuentes del Consejo.
Se trata de cuatro plazas de la Sala de lo Social y una de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. Para esta última plaza los dos sectores han acordado que sea cubierta por el abogado del Estado Manuel Martín Timón, propuesto por la mayoría y que ya había concursado anteriormente para la misma.
Para la Sala de lo Social, el sector conservador ha propuesto a Jesús Souto, actualmente presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y a Luis Fernando de Castro, magistrado de la Sala de lo Social del alto tribunal gallego. Por su parte, el sector progresista ha propuesto para las otras dos plazas al magistrado de lo Social del TSJ de Cataluña Jordi Agustí y al magistrado de lo Social del TSJ de Madrid José Luis Gilolmo.
A pesar del nombramiento de estos cinco magistrados todavía quedarán dos vacantes que cubrir en el Tribunal Supremo: una en la Sala de lo Social y otra en la Sala de lo Militar. A su vez, si el Pleno nombra finalmente a Jesús Souto magistrado de lo Social del Supremo también quedaría vacante la presidencia del TSJ gallego.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras su reforma de 2005, para elegir a los nuevos magistrados del Supremo y a los presidentes de TSJ es necesaria una mayoría de tres quintos de los 20 vocales del Pleno del CGPJ. Este requisito ha podido ser el motivo por el que los vocales del Consejo han consensuado los cinco nombramientos.
QUEJA DE UN MAGISTRADO
Por otro lado, el Pleno también tratará, por iniciativa de la minoría, una queja del magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín en la que consideraba que el órgano de gobierno de los jueces ha cometido una intromisión en su función jurisdiccional, por abrirle una información previa a raíz de una denuncia presentada por el sindicato de la Ertzaintza ENRE.
Según Martín Pallín, la apertura de esta información es "precipitada e improcedente", por lo que reclamó el derecho de acceso al archivo informático donde figure recogida para su eliminación, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos.
La denuncia del sindicato ENRE se refería al contenido de un párrafo de un voto particular de Martín Pallín a una sentencia del Supremo, del pasado mes de julio, en la que se anulaba la absolución dictada por la Audiencia de Vizcaya de un ciudadano africano, por haber vendido 0,173 gramos de heroína, y se le imponían tres años de prisión.
El párrafo en cuestión decía: "El hecho que nos presenta el caso examinado, es reiterativo y casi siempre con el mismo origen territorial y con la repetición de situaciones idénticas con personajes activos y pasivos, que si bien se pueden cambiar en su identidad pertenecen a un género concreto de agentes de la autoridad de un cuerpo autonómico y, normalmente, como sujeto pasivo un ciudadano extranjero, mayoritariamente de color negro".
ENRE dijo en su escrito al CGPJ, de septiembre de 2005, que las palabras de Martín Pallín constituían una falta disciplinaria grave prevista en el artículo 418.6 de la Ley del Poder Judicial, que sanciona la inclusión en las resoluciones judiciales de "expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico".
CUMBRE HISPANO-ISRAELÍ
Finalmente, el Pleno del Consejo abordará también mañana una propuesta del vocal propuesto por CiU, Alfons López Tena, para la celebración de un seminario de jueces españoles e israelíes bajo el título "La lucha contra el terrorismo desde el ordenamiento jurídico". El encuentro tendría lugar del 5 al 7 de junio de este año en Girona y supondría un coste para el Consejo de 28.473,5 euros.
El pasado día 13, la Comisión de Escuela Judicial del CGPJ rechazó la propuesta de López Tena, al votar en contra los vocales José Luis Requero, Faustino Gutiérrez Alviz y Javier Martínez Lázaro. Fuentes del Consejo señalaron que previsiblemente el Pleno también rechazará esta propuesta.
El Pleno del Consejo, que habitualmente se celebra los miércoles, ha adelantado en esta ocasión su celebración al martes debido a que varios vocales, entre ellos Montserrat Comas y el portavoz, Enrique López, viajan el miércoles a Granada para asistir al II Congreso sobre Violencia Doméstica, que será inaugurado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando Santiago.
