MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los Servicios de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proponen el archivo de la queja interpuesta el pasado 12 de marzo por el PP contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su actuación durante el periodo en el que estuvo instruyendo el denominado "caso Gürtel" contra una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados responsables de este partido. La Comisión Disciplinaria del Consejo estudiará mañana esta propuesta.
En su informe, la Inspección señala que de la conducta de Garzón al respecto -por levantar el secreto de sumario el pasado 5 de marzo para inhibirse en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia- "no se desprende irregularidad alguna susceptible de reproche disciplinario".
Añade que la queja del PP no incluye más que "consideraciones subjetivas expresadas por los interesados", quienes, de cada decisión adoptada por Garzón, deducen que su finalidad no es otra que darse publicidad, originar especulaciones sobre la existencia de nuevos aforados, perjudicar al Partido Popular o conseguir dilatar su inhibición del caso.
Según el escrito presentado en su día por el abogado Juan Ramón Montero, en representación del PP, el hecho de que el juez levantase el secreto de sumario para dictar los autos de inhibición en favor de los tribunales superiores no tenía otro objetivo que "dar a los medios de comunicación titulares sensacionalistas, perjudiciales par el PP", además de darse publicidad "sacrificando el proceso legal y la garantía de las partes".
NOTIFICACIÓN IRREGULAR
El PP denunció como "irregular" la notificación del auto de inhibición relativo a la Comunidad Valenciana. Relataba que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "recibió una llamada telefónica en su móvil, en torno a las 22.35 horas de esa misma noche, en la que un no identificado inspector de policía, que solo quiso acreditarse como 'miembro de la UDEF central' le requería para que se diera por notificado del auto, y para que le proporcionara un número de fax al que hacérselo llegar".
"Ante tan sorprendente como irregular procedimiento", señalaba el escrito, Camps requirió "de nuevo al funcionario para que se identificara, a lo que éste se negó de nuevo". También le preguntó "como había conseguido su número de teléfono personal" y el funcionario policial "contestó 'diligencias policiales' e insistió en que cumplía órdenes de su superioridad". Al final, Camps le proporcionó un número de fax, al que se remitió el auto.
Igualmente critica la forma en que se notificó el auto al ex consejero valenciano Víctor Campos --a través de una llamada de un Inspector de Madrid a la Sede del PP de Castellón-- y al secretario provincial del PP valenciano Rafael Betoret, al que, según explica, le convocó a tal efecto a una comisaría de policía de Valencia en la tarde del viernes.
"¿Por qué se eludió el procedimiento legal de notificación? ¿Por qué no se hizo la notificación por los correspondientes Secretarios Judiciales y Oficiales de la Administración de Justicia?", preguntaba el PP.
Denunciaba igualmente que el juez Garzón hubiera obtenido un permiso para dar una conferencia en el extranjero sin haber resuelto aún los autos de inhibición, lo que consideraba como una maniobra para retener el caso en su poder.
Por su parte, los Servicios de Inspección del CGPJ señalan que con la información a la prensa de los autos de inhibición "el Gabinete de Prensa actuó siguiendo escrupulosamente el protocolo de la Comunicación de la Justicia, aprobado por el CGPJ el 7 de julio de 2004" y añaden que los permisos de viaje obtenidos por el magistrado de la Audiencia Nacional se ajustaron a la legalidad.
