MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy, por unanimidad, una declaración institucional en la que "reclama el cese inmediato de cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces y magistrados que administran Justicia en la comunidad autónoma vasca, y con ello al Poder Judicial en su conjunto".
Al contrario que la semana pasada, en que se acordó por tres votos frente a dos "instar a los responsables políticos" del País Vasco "el cese de declaraciones en tanto en cuanto tengan como fin la descalificación y cuestionamiento de la actuación profesional de integrantes de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia" de dicha comunidad autónoma, en esta ocasión la declaración institucional ha sido aprobada por unanimidad.
Tanto los vocales de la mayoría conservadora de la Comisión Permanente (el presidente del Consejo, Francisco José Hernando, el portavoz, Enrique López, y Carlos Ríos), como los de la minoría progresista (Luis Aguiar y Juan Carlos Campo) votaron a favor de una declaración institucional de ocho puntos que, según López, responde a los acontecimientos que se produjeron ayer en Bilbao, como la manifestación convocada contra la imputación del lehendakari, Juan José Ibarretxe, por haberse reunido con miembros de Batasuna en abril del año pasado.
En concreto sobre "la manifestación celebrada en el día de ayer en la ciudad de Bilbao, tras el lema 'en defensa de nuestras instituciones'", el acuerdo dice que "tenía como objeto obtener una determinada decisión jurisdiccional (el sobreseimiento de un procedimiento) a través de presión política y al margen de los cauces legales, como así quedó expresado en su comunicado final".
A continuación la declaración precisa: "No cabe olvidar en este momento la especial situación en la que ha sido ejercida la jurisdicción en el País vasco en estas últimas décadas. Una situación de acoso y de peligro físico real que incluso, en ocasiones, se ha materializado en atentados contra la vida de jueces. Esa realidad, que no puede desconocerse, debiera demandar un apoyo institucional constante a los jueces y magistrados que prestan sus servicios en el País Vasco. Esta misma situación hace especialmente rechazables los actos que puedan agravarla".
En cuanto a la citación de Ibarretxe, que ha motivado el enfrentamiento entre el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Gobierno de la citada comunidad autónoma, el acuerdo dice, sin mencionarle, que "la sujeción a un procedimiento jurisdiccional de un responsable político, en identidad de situación a cualquier ciudadano, en modo alguno puede ser percibido como una agresión externa e ilegítima, sino bien al contrario, como la más justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley. Así ha acontecido en varias ocasiones en nuestra reciente historia democrática".
INDEPENDENCIA JUDICIAL
El acuerdo comienza textualmente: "La Justicia, administrada por jueces y magistrados independientes y sometidos en exclusiva al imperio de la Ley, como establece el artículo 117 de la Constitución, es la clave de la efectividad del Estado de derecho. No existe otra garantía final, distinta o mejor a la Justicia, que asegure que los ciudadanos y los Poderes Públicos actúan respetando las normas aprobadas democráticamente por todos."
"La Justicia, al aplicar de modo objetivo, imparcial y firme las leyes aprobadas por los ciudadanos, es una institución al servicio de todos ellos. Jamás puede ser vista por tanto como ajena o extraña a aquellos a los que sirve y menos aún puede ser enfrentada con otras instituciones pretendidamente más propias", continúa la declaración.
Además, el Consejo insiste en que "los juzgados y tribunales instaurados por la Constitución de 1978 actúan única y exclusivamente en aplicación de la ley, sin dar entrada por tanto en sus decisiones a razones políticas o de otra naturaleza. Los posibles errores en los que pudieran incurrir esos mismos tribunales deben ser enmendados, como en cualquier otra democracia constitucional, a través del sistema procesal de recursos o la debida exigencia de responsabilidad de quienes las dicten, pero nunca mediante presiones o campañas de acoso".
"La independencia judicial no es un privilegio de los jueces sino que es una garantía ciudadana. Es la garantía de que los tribunales aplicarán la ley aprobada democráticamente. Por ello la defensa de la independencia judicial nos incumbe a todos, especialmente a las instituciones y Poderes Públicos", insiste el CGPJ.
La declaración concluye diciendo que todo lo acordado "es, por supuesto, con pleno respeto al ejercicio legítimo, aunque no absolutamente ilimitado, de derechos constitucionales esenciales para la democracia como son el de expresión y manifestación".
