SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla, Fernando Martínez, ha citado para el próximo 8 de febrero al jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, José María Casar; al jefe de la Policía Local sevillana, Rafael Alarcón, y a un trabajador del Área de Movilidad del Consistorio hispalense para declarar como testigos en la imputación de acoso laboral hacia un jefe de servicio de Tráfico, M.C.H., atribuido al concejal de Gobernación, Francisco Fernández, y el director de Movilidad, R.G.L.
Estos tres cargos municipales están citados a las 9.00, 10.00 y 11.00 horas, respectivamente. Asimismo, el juzgado ha instado al Ayuntamiento a aportar determinada documentación, necesaria para la instrucción del caso.
En declaraciones a Europa Press, el letrado que representa los intereses del demandante, Ramón Echeveste, manifestó que M.C.H. ha sido cesado en su cargo, decisión que le ha sido comunicada después de reincorporarse al trabajo tras una baja prolongada de más de 20 meses, con lo que "mi cliente se encuentra con una brutal crisis de ansiedad, y mañana debe ir derecho al psiquiatra".
El abogado dejó entrever un motivo de venganza tras la decisión municipal de cesar al querellante, puesto que "estaban plenamente convencidos, y así lo manifestaron en todas sus comparecencias públicas, de que la querella se iba a archivar, cuando va más para delante que nunca". Casar y Alarcón están citados en calidad de testigos "de las humillaciones de mi cliente", mientras que el trabajador, F.L., era subordinado directo del denunciante, directamente implicado en las supuestas órdenes contra éste por parte del Ayuntamiento.
ANTECEDENTES
Echeveste, asimismo, declaró que lo que le producía "escalofríos" era haberse encontrado con antecedentes. Al respecto, él mismo ironizó, tras la comparecencia el pasado 1 de diciembre de Fernández ante el juez de instrucción, al manifestar que se han dado tres casos más dentro del mismo departamento donde trabaja su representado. "El virus se ha activado y ahora hay una crisis aviar", dijo, al referirse al incremento del número de funcionarios que han solicitado la baja por depresión en el área de Tráfico y la delegación de Movilidad, por lo que el número asciende a cuatro, contando a M.C.H.
R.G.L., por su parte, declaró el pasado 11 de enero tras haber sido aplazada su comparecencia, por motivos personales del magistrado, prevista en un principio para el mismo día que el edil, el 1 de diciembre. Este manifestó haber declarado "con todas las garantías institucionales" ante el juez Martínez, cuya reciente decisión aplaza el final de la instrucción.
El juez tomó la decisión de aceptar la personación como imputados de Fernández y R.G.L. después de escuchar el pasado 28 de octubre de 2005 la declaración del demandante, donde ratificaba la querella interpuesta, y de que Echeveste propusiera la personación de una cuarentena de testigos, entre ellos el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.
ACTOS PARA "CUMPLIR UN FUERTE COMPROMISO POLITICO"
Echeveste alegó que hubo una serie de actos que este hombre realizó en el ejercicio de sus funciones, que en vez de un mérito constituyeron para él un demérito, con lo que después "le vino el castigo", diluido bajo la excusa de las competencias de sus superiores, que lo que hacían era "enterrar una sana mala intención".
Las quejas de M.C.H. se centran, principalmente, en un conflicto con el anterior delegado de Movilidad, Blas Ballesteros, al encargarle éste la limpieza urgente de pintadas repartidas por toda la capital, así como en la realización de algunos actos, supuestamente a cargo de los presupuestos municipales, para "cumplir un fuerte compromiso político" con el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.
El funcionario, asimismo, también denuncia la privación por parte del edil de Gobernación de una plaza de jefe de servicio, para la que era "el único candidato", a pesar de contar con un informe favorable de Ballesteros.
