20 de noviembre de 2019
  • Martes, 19 de Noviembre
  • 1 de agosto de 2019

    Ciudadanos plantea mejorar los mecanismos de control de los nombramientos de la cúpula judicial

    Ciudadanos plantea mejorar los mecanismos de control de los nombramientos de la cúpula judicial
    El diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, durante la Diputación Permanente la que se debate sobre las peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno en funciones para explicar los motivos por los que el Ministro del Interior en funciones no ha sidoÓSCAR J.BARROSO - EUROPA PRESS

    MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

    Ciudadanos (Cs) se ha dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez, en funciones, para saber si "en el futuro" introducirán mecanismos tendentes a garantizar la publicidad y transparencia en los procesos de nombramiento en la cúpula judicial, después de que el Tribunal Supremo haya anulado la designación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los magistrados Eloy Velasco y Enrique López en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

    Los diputados Edmundo Bal y Nacho Prendes han registrado una pregunta, para la que solicita respuesta por escrito, sobre la anulación de este acuerdo de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, también en funciones desde el pasado mes de diciembre. Según recuerda el escrito presentado, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo entendió que el CGPJ hizo una interpretación errónea del artículo 37 del Reglamento de la Carrera Judicial sobre el mérito preferente.

    Por ello, el alto tribunal revocó la decisión del CGPJ y ordenó que adoptase un nuevo acuerdo para el nombramiento de otros magistrados candidatos a integrar dicha Sala de la Audiencia Nacional, en la que finalmente consiguieron plaza los magistrados Manuela Fernández Prado y Ángel Hurtado. Por otro lado, también acordó dejar adscritos a Velasco y López en esta misma Sala, algo que también recibió la reprimenda del Supremo por no hacerlo a través del trámite adecuado, lo que llevó al órgano de gobierno de los jueces a corregir su error para poder mantener vinculados a estos jueces en dicho órgano judicial.

    Asimismo, aunque la formación naranja asegura en su escrito que "no se pone en duda en modo alguno la aptitud de los jueces nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, sino que éste interpretase de forma adecuada el Reglamento de la Carrera Judicial", también indica que tres asociaciones judiciales criticaron esta actuación del CGPJ y denunciaron "diversas irregularidades". De hecho, han llegado a presentar recursos ante el Tribunal Supremo contra más de una veintena de nombramientos realizados en los últimos meses por el órgano de gobierno de los jueces.

    SISTEMA DE VALORACIÓN OBJETIVA DE MÉRITOS

    Por todo ello, el partido de Albert Rivera considera que "es necesario adoptar medidas para mejorar el control de los nombramientos efectuados por el Consejo" y en este sentido pregunta al Gobierno si tiene "la intención de introducir en el futuro un sistema de valoración objetiva de méritos, con mayor seguridad y certeza a los efectos del control de su legalidad, y de otras medidas tendentes a incrementar la publicidad y transparencia de los procesos de nombramiento de jueces y magistrados".

    La modificación del artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) el pasado mes de diciembre ha llevado al Consejo General del Poder Judicial a acordar nuevas bases para optar a las plazas vacantes en los cargos judiciales. La nueva normativa establece que los nombramientos de estos cargos se basarán en una "convocatoria abierta" que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

    Además, estas bases serán aprobadas por el Pleno del CGPJ y establecerán "de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los méritos comunes de los específicos para determinado puesto".

    Sin embargo, las asociaciones de jueces reclaman al órgano de gobierno de los jueces que se las escuche antes de fijar unos baremos para garantizar el cumplimiento de dicho precepto y evitar que se haga un "traje a la carta" de los candidatos.