MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha remitido en plazo a la juez Carmen Rodríguez-Medel la documentación adicional requerida sobre eventos colectivos, de carácter público o privado, que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha dictado esta mañana una providencia para que se le aportaran datos sobre el número de eventos registrados en esa semana y si alguno fue suspendido o cancelado por motivos relacionados con el Covid-19.
Entre estos eventos, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid incluía en su providencia los "deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros" que se convocaron para esos primeros días de marzo, al igual que la masiva manifestación feminista del día 8.
Rodríguez-Medel ha dictado esta orden a petición de la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la investigación por la celebración de manifestaciones masivas como lo fue la del 8-M en la capital coincidiendo con el principio de la epidemia de coronavirus en España.
La Comunidad de Madrid ya trasladó el pasado mes de abril a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que se informó a Delegación del Gobierno sobre el "riesgo inminente" del coronavirus en la región en dos resoluciones sobre medidas adoptadas el 6 de marzo, previas a la marcha del 8M en la capital.
En concreto, se remitió a la magistrada sendos escritos de la Dirección General de Salud Pública relativos a las primeras medidas adoptadas contra la incidencia del coronavirus en la región.
Una de ellas se refería a la suspensión de actividad en los centros de mayores de la región, medida que se puso en conocimiento de la Delegación de Gobierno para que velara por su cumplimiento.
"Existen razones objetivas para la suspensión de la actividad de los citados centros como medida preventiva y de contención de la transmisión del Covid-19, debido a que la actividad de los centros de mayores en la situación de alerta sanitaria actual supone un grave riesgo de carácter inminente para la salud pública", apuntaba la orden de este departamento.
La otra aludía a la suspensión de las prácticas de estudiantes en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, que también se remitió a Delegación de Gobierno para que supervisara su correcta aplicación y que se fundamentaba en que mantener esta actividad docente entrañaba "riesgo para la salud pública".
