CÁDIZ, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado número cinco de lo Penal de Cádiz condenó a tres años y seis meses de cárcel al primero de los acusados por la 'Operación Estela' que ha sido sometido a juicio, el pasado 11 de noviembre, tras ser sorprendido en la zona de Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María (Cádiz), después de que Vigilancia Aduanera abortara un alijo de 1.200 kilos de hachís.
Según informaron a Europa Press fuentes del caso, el acusado (J.J.V.R.) fue condenado por un delito contra la Salud Pública y aunque se le aplicó el atenuante de dilación en el proceso, finalmente fue condenado a tres años y medio de cárcel y a una multa de dos millones de euros.
La detención de J.J.V.R. se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2002 y la declaración del detenido fue la que supuestamente sirvió para que el juez instructor, Miguel Ángel López Marchena, comenzara una instrucción que derivó en la conocida como 'Operación Estela', con la detención en diferentes puntos de la provincia de 40 personas y la incautación de más de 6.000 kilos de hachís.
La operación provocó un enfrentamiento entre el juez instructor y el entonces fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Isidoro Hidalgo, que no consideró que existiera una red organizada entre los detenidos, terminado con la puesta en libertad de 30 de ellos, con la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como con la separación en piezas de las diferentes intervenciones en vez de todas juntas en un 'macroproceso'.
Así las cosas, más de cinco años después J.J.V.R., tras pasar seis meses en prisión preventiva por este presunto delito, se sentó en el banquillo de los acusados para enfrentarse a una petición de pena por parte de la Fiscalía de tres años y nueve meses (tras bajar su petición inicial de cuatro años y cinco meses).
Asimismo, la acusación particular estaba representada por el Ayuntamiento de Barbate, que realizó la misma petición que la Fiscalía; la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que pidió cuatro años y medio de prisión y la Federación Provincial Antidroga 'Redein', que solicitó cinco años de prisión al aplicar el atenuante de pertenencia a organización.
Por su parte, la defensa del acusado pidió que se tuviera en cuenta que el presunto delito contra la salud pública fue en grado de tentativa, al no consumarse, así como dos atenuantes para rebajar la posible pena, basados en la colaboración con la justicia y en la dilación indebida del proceso. Algo con lo que la acusación particular y la Fiscalía no estaban de acuerdo al entender que la dilación era justificada y considerar que no colaboró con la justicia porque no aportó ningún dato tales como nombres de los que estaban con él en la operación en la que fue detenido o la matrícula de otro coche que logró huir.
Durante su declaración, tras comenzar con un testimonio contradictorio en el que manifestó no saber a lo que iba, no tener nada que ver con el tráfico de droga o no concretar el punto donde supuestamente tenía que dejar la furgoneta en la que fue detenido, terminó ratificando lo que declaró tras su detención ante la Policía y ante el juez instructor.
