MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha condenado a 14 responsables de una red de empresas que, entre otros delitos, importaban clandestinamente leche en polvo de países extracomunitarios, que hacían pasar por polvos de talco para obtener mayores beneficios. Las penas impuestas oscilan desde el pago de casi 23 millones de euros y 3 años y 9 meses de cárcel, hasta una multa de poco más de 600 euros.
La Sección Cuarta de lo Penal considera probado en una sentencia que, entre los años 1988 y 1992, los responsables de la empresa láctea de Gerona IDSSA -junto con otras filiales y hasta 25 sociedades instrumentales- importaron de forma continuada leche en polvo que hacían pasar por la aduana como talco, ácido bórico, esteatita o silitir.
Una vez importada, se cambiaba la denominación del producto para evitar impuestos y se comercializaba de forma escalonada -a través de sociedades instrumentales- para ocultar el origen extracomunitario e irregular de la leche. Después, se producía el cambio de las facturas y se interponían sociedades instrumentales, todo ello para generar el dinero negro.
Las partidas de leche en polvo entraban en España en régimen "de tránsito", como si su destino fuera otro país, aunque finalmente eran desviadas para que fueran comercializadas en el mercado español. Además, las sociedades simulaban un tráfico mercantil inexistente "para crear artificialmente gastos deducibles en el Impuesto de Sociedades y cuotas supuestamente soportadas en las declaraciones de IVA".
IDSSA recuperaba posteriormente el dinero que había pagado a las sociedades instrumentales de diferentes maneras. De una parte, deducían en sus declaraciones mayores sumas de dinero de los impuestos de sociedades y de IVA. Asimismo, a través del "cobro indebido de ayudas a la exportación" que recibían las empresas-pantalla por la exportación de cargamentos de leche.
Por último también recuperaban el dinero a través de transferencias a cuentas de "familiares, responsables y testaferros de confianza de IDSSA". Una de estas cuentas era la de la madre de Francisco Llorella, accionista mayoritario, consejero delegado y presidente de la empresa láctea.
Según el extracto bancario, los abonos en la cuenta ascendieron a a más de un millón de euros en 1988, más de dos millones en 1989, casi la misma cifra que el año siguiente, así como más de 66.000 euros en 1991.
La sentencia condena a los acusados como culpables de un delito continuado continuado de contrabando, 22 delitos de fraude fiscal, uno continuado de fraude de subvenciones y contra los intereses financieros de las comunidades y, finalmente, otro de asociación ilícita.
