MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso de los Diputados aprobará el próximo jueves la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que será enviado al Senado para su aprobación final y que se convertirá en la quinta y última reforma estatutaria que va a poder ser aprobada antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo.
Las diferencias sobre el Estatuto canario, siguiente en el turno, pueden retrasar la tramitación de este texto y taponar a su vez el avance de las reformas que llegaron después, de Castilla y León y Castilla-La Mancha, cuya aprobación antes de que se disuelvan las actuales Cortes y se convoquen elecciones generales empieza a peligrar.
Desde su inicio en el Parlamento autonómico, la reforma aragonesa ha contado con un amplio consenso de PSOE, PP, IU y el Partido Aragonés. Los principales escollos sobre el agua o la financiación fueron resueltos en negociaciones en Madrid previas al debate en la Comisión Constitucional, lo que permitió la participación de representantes de las Cortes de Aragón (sólo País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía pueden intervenir en la tramitación en Congreso y Senado).
Finalmente, en el Estatuto, que define Aragón como nacionalidad histórica, se recoge una reserva de agua de 6.550 hectómetros cúbicos para esta comunidad, vinculada a la planificación nacional; también, que esta Comunidad podrá apelar en el futuro a la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que reconoce los derechos forales, para "actualizar" los "derechos que como pueblo le hubieran podido corresponder".
Se asienta además un sistema de financiación que deberá permitir ingresos "suficientes" para que Aragón ejerza sus competencias, respetando "el principio de solidaridad", y en el que un "acuerdo bilateral" Estado-Aragón fijará los recursos.
IMPULSAR LA REFORMA CANARIA
El Estatuto aragonés llegó al Congreso el 26 de junio del año pasado y fue admitido a trámite el 3 de octubre. En total, diez meses, lo mismo que duró la tramitación del Estatuto valenciano, por debajo de los once meses de la reforma catalana y por encima de los ochos del Estatuto balear y los siete meses y medio del andaluz.
El proyecto de reforma canario espera en la Comisión Constitucional del Congreso, que tiene otros proyectos pendientes además de las reformas estatutarias. Coalición Canaria (CC), PSOE y PP no comparten la propuesta; los primeros quieren que el proyecto se apruebe cuanto antes y sospechan que los socialistas quieren retrasarlo para utilizarlo como "chantaje" ante el resultado electoral de mayo, según Paulino Rivero, candidato nacionalista a la presidencia autonómica.
CC quiere convencer a los 'populares' para impulsar el Estatuto de las islas con el argumento de que el de Castilla y León, comunidad gobernada por los 'populares', se va a ver retrasado y podría encontrarse aún en las Cortes cuando estas sean disueltas por las próximas elecciones generales.
