MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso aprobó hoy por unanimidad una proposición de ley, impulsada por todos los grupos, para incluir en el Régimen General de la Seguridad Social y extender la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales. En concreto, podrán cobrar el paro tras dejar sus puestos los ediles, miembros de Cabildos y Consejos insulares y Juntas Generales y los sindicalistas que desarrollen labores de dirección y perciban una retribución por ello.
Durante la tramitación parlamentaria en el Congreso --la iniciativa será ahora remitida al Senado-- se incluyó entre los beneficiarios de la ley a los concejales con dedicación parcial --sin perjuicio de que a efectos de protección por desempleo la asimilación no sea absoluta--, habida cuenta de que la redacción original incluía sólo a aquellos ediles con dedicación completa.
También se ha modificado el artículo inicial de la proposición de ley referido a los sindicalistas, que limitaba el derecho a paro a aquellos que desempeñan tareas de dirección a nivel provincial o superior.
Con este cambio, el derecho de extenderá a todos los cargos representativos sindicales con tareas de dirección y dedicación completa o parcial, independientemente del ámbito en el que ejerzan sus funciones, dando cabida así a los que pertenecen a organizaciones comarcales o insulares. Tanto el PSOE como el PP habían registrado enmiendas en este sentido.
EFECTOS RETROACTIVOS
La proposición de ley incluye, además, una disposición transitoria para que las cotizaciones por desempleo efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley surtan efectos y se computen para el reconocimiento, duración y cuantía de las prestaciones.
En su reunión de hoy, la comisión aprobó una enmienda transaccional del PSOE mediante la que la protección por desempleo se extenderá también a los miembros de las Juntas Generales de los territorios históricos forales, los de los Cabildos canarios y Consejos de Baleares, así como a los altos cargos de las Administraciones Públicas con dedicación exclusiva que no sean funcionarios, como defendía el PP.
Sin embargo, el PNV, que vio aprobada su petición para incluir como beneficiarios de la ley a los miembros de las Juntas Generales, no consiguió incluir en el dictamen su solicitud para que los diputados y senadores pudieran también cobrar paro.
