MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso abrirá este martes la puerta a una reforma legislativa para que los gobiernos en funciones se sometan al control de los grupos y evitar así que en el futuro se repita una situación parecida a la de la pasada legislatura, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy se negó a someterse a las preguntas y comparecencias que le reclamaba la oposición en sede parlamentaria.
La sesión plenaria debatirá y votará una proposición de ley del PNV para modificar la Ley de Gobierno y la que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, una iniciativa que ya registraron en la fallida legislatura de 2016 --apenas duró medio año-- después de que el entonces Gobierno en funciones se negara a ser controlado por la Cámara Baja.
Aquella situación ya provocó las críticas del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en la pasada legislatura, con lo que es más que previsible que, en coherencia con lo defendido dos años atrás, este martes apoyen la propuesta de los nacionalistas vascos.
Con su reforma, el PNV pretende establecer de manera "nítida y expresa" que los ejecutivos en funciones puedan ser controlados por el Congreso, rechazando de esta forma la interpretación "inaceptable jurídica y democráticamente" que, a su juicio, realizó el Gobierno en funciones a lo largo de la pasada legislatura.
A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL TC
Moncloa se escudaba en su negativa de acudir al Congreso en un informe de sus servicios jurídicos que aseguraba que el Gobierno no tiene la obligación de someterse a iniciativas de control porque no cuenta con la confianza de la Cámara que salió de las urnas. Una decisión que llevó al Congreso a plantear un conflicto atribuciones ante el Tribunal Constitucional, que sigue pendiente de resolución.
En su iniciativa, el PNV, apoyado en informes de distintos letrados, asegura que "la tesis que propone hacer depender la efectividad de la función de control de la actualización de la relación de confianza --una investidura-- supone una limitación de la potestad de control y del derecho a la iniciativa". Y añade que este hecho es, además, "incompatible con los artículos 66 y 23 de la Constitución".
Igualmente, señala que la actual regulación constitucional y la derivada no permite "el despropósito interpretativo" que realizó en su día el Gobierno en funciones". Pero, constatada esa actitud, asegura que corresponde "expresar el rechazo" a esta situación y "dejar claro" que los gobiernos en funciones tienen que ser sometidos al control de la Cámara para evitar que en un futuro se repita lo sucedido a lo largo de la XI Legislatura.
