MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes una proposición no de ley instando a revisar los acuerdos entre el estado y la Santa Sede y otra que pretende eliminar los crucifijos y la Biblia en las tomas de posesión de los ministros y altos cargos.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) será quien lleve al Pleno de la Cámara la propuesta para "iniciar las conversaciones oportunas con los representantes de la Iglesia Católica para revisar y modificar los Acuerdos Internacionales suscritos con la Santa Sede en 1976 y 1979, para adecuarlos al carácter aconfesional del Estado español, y fijar un nuevo marco de cooperación basado en la subordinación del mismo a los principios y derechos constitucionales".
RESPETO DE LA IGLESIA A LAS LEYES.
También se reclama "emprender las acciones necesarias para reformar los convenios administrativos firmados entre el Estado y la Iglesia Católica para adecuar el marco de relaciones al ordenamiento jurídico, de manera que la actuación de la Iglesia también esté presidida por el respeto a las leyes", así como "extender las relaciones de cooperación por parte del Estado a las demás confesiones religiosas con presencia en el Estado español".
Los nacionalistas gallegos argumentan que "la aconfesionalidad del Estado español sitúa las creencias religiosas en la esfera de la conciencia íntima de las personas", mientras que los tratados son "una especie de 'instrumentos de excepción' que rigen en exclusiva y por sí solos las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, al margen del principio general de sometimiento de todos los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".
A su juicio, ello ha derivado, por ejemplo, en "la discrecionalidad e impunidad jurídica en la que realiza la Iglesia Católica las funciones pactadas con el Estado en materia de enseñanza religiosa, amparándose en los poderes omnímodos que le otorga el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales".
PROTOCOLO ACONFESIONAL.
Por su parte, el diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Herrera, defenderá una proposición no de ley sobre la presencia de símbolos religiosos en actos institucionales y sobre si procede eliminarlos, por ejemplo, de las tomas de posesión de los ministros, que juran o prometen sus cargos ante una Biblia y un crucifijo.
En concreto, ICV someterá a votación una proposición no de ley en la que reclama "modificar el protocolo de las ceremonias de acatamiento y promesa o juramento de cargos y funciones públicas" y que se elabore un nuevo "protocolo aconfesional para los actos y ceremonias institucionales y sus relaciones con las confesiones religiosas".
ICV, que comparte grupo parlamentario con ERC e IU, pretende que el Pleno del Congreso inste al Gobierno a través a que se evite "todo tipo de simbología religiosa, como corresponde a un Estado aconfesional", tal y como señala la Constitución Española.
Herrera sostiene que "la toma de posesión de cargos y funciones públicas ante el crucifijo sigue señalando la asignatura pendiente de España como Estado laico y aconfesional" y propone que los miembros del Gobierno juren o prometan sus cargos sin este tipo de elementos, como ya hacen los diputados y senadores en ambas Cámaras.
"No es entendible ni justificable que en un Estado aconfesional los ministros juran o prometen el acatamiento a la Constitución ante una Biblia y un crucifijo", recalca, a la vez que destaca que el uso y la presencia actual de los símbolos religiosos carecen de "base legal".
CARECE DE BASE LEGAL.
Según explica en su texto, el Real decreto de 1979 que establece la fórmula de juramento de cargos y funciones públicas, que permite elegir entre prometer y jurar el acatamiento a las normas constitucionales y la lealtad al Rey, pero no se hace referencia a los símbolos religiosos.
Por todo ello, los dos puntos de la proposición instan directamente al Gobierno a "modificar el protocolo de las ceremonias de acatamiento y promesa o juramento de cargos y funciones públicas", incluido si fuese necesario el citado Real decreto, para evitar todo tipo de simbología religiosa como corresponde a un Estado aconfesional.
En opinión de ICV, este vacío legal lleva a preguntarse "si un futuro ministro musulmán tendría también derecho a exigir el Corán", algo que no está en absoluto regulado. Por eso, propone "elaborar un Protocolo aconfesional para los actos y ceremonias institucionales y sus relaciones con las confesiones religiosas".
