PP y Ciudadanos se oponen a una medida que, a priori, facilitaría la investidura de Sánchez
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Congreso tiene previsto estudiar este miércoles el informe que encargó a los servicios jurídicos de la institución sobre la necesidad de rebajar o no la mayoría absoluta del Pleno tras la suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva y siendo juzgados por el 'procés'.
El informe jurídico deberá detallar todas las consecuencias que puede tener en la Cámara, y no sólo en lo relativo a la toma decisiones por mayoría en el Pleno, el hecho de no tener a los 350 diputados en plenitud de funciones.
Si los cuatro diputados suspendidos renuncian al escaño y son sustituidos por los siguientes en la lista, el tema se resolvería y no habría consecuencias. Parece que Oriol Junqueras, que fue elegido eurodiputado en las elecciones del 26 de mayo, podría renunciar al escaño en el Congreso, que es incompatible con el de Estraburgo, pero desde Junts per Catalunya (JxCAT) vienen insistiendo en que Jordi Snchez, Josep Rull y Jordi Turull no tienen intención de abandonar voluntariamente.
De momento, Junqueras forma parte del Grupo Mixto del Congreso. Aunque sus compañeros le incluyeron en el primer escrito que presentaron para constituir el Grupo Republicano, después registraron otro ya sin él, con lo que, automáticamente se le mandó al Mixto.
Sin embargo los siete diputados de Junts, incluidos los tres suspendidos, todavía no están adscritos a ningún grupo. Intentaron crear el suyo propio, pero la Mesa del Congreso lo frenó porque no cumplían los requisitos que establece el Reglamento. Junts recurrió esa decisión y, hasta que no se resuelva el recurso, no se les incluirá formalmente en el Mixto.
MIEMBROS DE DERECHO
En cualquier caso, la Mesa del Congreso debe fijar el número de "miembros de derecho de la Cámara" durante el tiempo que dure la suspensión, a los efectos del cómputo de la mayoría absoluta, así como para la determinación de la composición de los distintos órganos, como las comisiones parlamentarias, y para el diseño de cupos para el debate de iniciativas o de preguntas orales a los miembros del Gobierno.
Sobre todos esos puntos deberán pronunciarse los letrados de la Cámara. Respecto a la mayoría absoluta (la mitad más uno), que en situación normal está fijada en 176 diputados, la Mesa de la Cámara podría decidir bajarla a 174 diputados, ya fueran tres o cuatro los que se mantuvieran suspendidos sin ser relevados (con 346 o 347 diputados con derecho a voto, la mitad más uno de la Cámara sigue siendo 174).
Bajar ese umbral, aunque sea por dos escaños, tiene su relevancia política para la sesión de investidura de Pedro Sánchez, máxime cuando el PSOE logró sumar 175 votos sin contar con formaciones independentistas para la elección de Batet como presidenta del Congreso. En concreto, la diputada socialista reunió a favor de su candidatura al PSOE, Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria (CC), Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).
PP Y CS SE OPONEN A LA REBAJA
Si esa alianza se repitiera tras el debate de investidura, Pedro Sánchez habría superado la mayoría absoluta rebajada, podría ser proclamado en primera votación, y el voto de los independentistas de ERC y de Junts resultaría irrelevante.
De momento el PP y Ciudadanos ya han mostrado su oposición a que la Mesa del Congreso rebaje la mayoría absoluta. Teodoro García Egea, secretario general del PP, rechaza que por "una carambola" se pueda facilitar a Sánchez el camino a la reelección, mientras que José Manuel Villegas, de Ciudadanos, asegura que si ERC y Junts quieren tener todos sus votos, deberán relevar a los diputados suspendidos.
El informe de los letrados deberá dar respuesta a estos interrogantes, y en su contenido tendrán especial relevancia los antecedentes, que son favorables a reajustar la composición de la Cámara.
UN PRECEDENTE DE 1989
El principal precedente data de 1989, tras las terceras elecciones generales que ganó el socialista Felipe González y que fueron recurridas por el PP en una serie de provincias. La Cámara no pudo constituirse con todos los diputados porque 18 electos no fueron proclamados a la espera de la decisión judicial sobre los comicios y otros cuatro, de Herri Batasuna, no llegaron a asumir plenamente la condición de parlamentarios por haber acatado la Constitución "por imperativo legal", lo que no fue aceptado por el entonces presidente, el socialista Félix Pons.
Se llegó a la investidura con 332 diputados en pleno ejercicio, excluyendo a los 18 diputados que estaban pendientes de los recursos judiciales sobre los comicios. A los cuatro de HB, que pleiteaban para que se aceptara su fórmula de acatamiento "por imperativo legal", se les consideraba diputados "ausentes".
Según indicó en el Pleno el entonces presidente de la Cámara, el socialista Félix Pons, la mayoría absoluta se rebajó a los 167 diputados, que fueron justo los que logró González para superar la votación al primer intento. Eso sí, el jefe del Gobierno prometió someterse a una cuestión de confianza en cuanto la Cámara estuviese al completo. Los cuatro diputados de Herri Batasuna no llegaron a volver a la Cámara y González mandó el resto de legislatura con 175 diputados.
