MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a promover "políticas de I+D+i que favorezcan la industria y el desarrollo del 'software libre' y de código abierto en España", en particular por medio de la Administración General del Estado (AGE), según consta en la iniciativa del Grupo Socialista que fue apoyada por IU-ICV, ERC, CiU y PNV y el PP, con 299 votos a favor y uno en contra.
La diputada socialista Lourdes Muñoz defendió la propuesta "en defensa de la libertad de opción", que en concreto establece que el Gobierno aplique los criterios de "idoneidad, seguridad e interoperabilidad tecnológica en el momento de adquirir 'software'" que utiliza, "valorando la oferta global", según su primer punto. Asimismo, desde un punto de vista más genérico, emplaza al Ejecutivo a "fomentar y garantizar el impulso y adopción de estándares abiertos desde la AGE".
Asimismo, el texto final, que incorporó cuatro enmiendas de los distintos grupos, establece que se promueva la ejecución en toda la AGE de los "criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones" previstas en las recomendaciones de 2005. La iniciativa también establece que se introduzca el criterio de que en todo concurso público por parte de la AGE "se deben evaluar tanto las soluciones de software libre como las de propietario".
Otra de las novedades que incorpora es la petición al Gobierno de que sus programas y aplicaciones de la AGE o compartidas con las Comunidades Autónomas destinadas a la ciudadanía se distribuyan en las diferentes lenguas del Estado y se promueva el uso de las mismas en las diversas aplicaciones.
"AMPLIACIÓN DE DERECHOS".
El diputado del Grupo de Izquierda Verde IU-ICV Joan Herrera apoyó la iniciativa por representar una "ampliación de derechos", pero recordó al Grupo Socialista que hace un año fue rechazada en la Cámara una iniciativa de su grupo en esta misma línea: "podríamos llevar ya un año de ventaja, pero en lugar de eso, desde la llegada de este Gobierno hace más de dos años y medio, nos hemos convertido en más dependientes del 'software' propietario", afirmó.
En este sentido, Herrera criticó que la iniciativa tenga forma de proposición no de Ley "y no otra forma legal más decidida", y destacó las virtudes de este tipo de programas, "más económicos y sin puertas traseras que pongan en peligro los datos y por las que haya intrusos que se cuelen en los sistemas". Asimismo, aplaudió que este tipo de sistemas permitan su modificación para
Por su parte, el diputado del PP José Ignacio Echániz expuso la "firme defensa de la libertad de elección en las administraciones, empresas y ciudadanos" y apostó por la "neutralidad" en materia de los distintos tipos de 'software', y apoyó el texto final en el que fueron aceptadas algunas de las propuestas de los 'populares'. "Decimos que no hace falta generar más libertades sino respetar las libertades de los ciudadanos", apuntó.
Asimismo, añadió que es necesario "respetar la libertad de mercado y que ésta sea compatible independientemente de que se hable de sistemas libres o propietarios" y pidió que se respete el uso de estándares abiertos "en" la Administración, pero no que se promocionen "desde" la Administración.
Jordi Ramón, diputado de ERC, aplaudió el texto por ir "en la misma línea" del que su grupo propuso hace un año, y citó como ejemplo la opinión de la ONU en esta materia, "que recomendó en 2000 el uso de estándares abiertos, y eso que no es una institución ágil precisamente a la hora de tomar decisiones", según señaló. El diputado del PNV José Ramón Beloki explicó el apoyo de su grupo al texto al considerar que se han mejorado los "errores" que contenía la anterior propuesta, por lo que destacó que ésta "sí sirve para avanzar".
Para Francisco Rodríguez, del Grupo Mixto, la iniciativa carecía de la "intencionalidad" y de los imprescindibles "compromisos claros" para lograr procesos en esta materia, aspecto en el que coincidió con el representante de CiU, el diputado Josep Sánchez, que criticó la ausencia de "calendarios y compromisos". Por último, recordó que el uso del software libre depende de la voluntad política, para el que no existe "impedimento legal".
