El PSOE también pide al CGPJ "transparencia" sobre los expedientes disciplinarios y adoptar medidas para evitar su caducidad
MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso debatirá hoy las propuestas de resolución redactadas por los grupos parlamentarios en relación con las últimas memorias del Poder Judicial presentadas en las Cortes. En el catálogo de sugerencias que se someterán a votación figura la idea de CiU de diseñar un amplio Pacto de Estado en materia de Justicia que sea coherente con los Estatutos de Autonomía y una demanda del PP para aplicar "la máxima contundencia" a jueces que, como Baltasar Garzón, pueden ser investigados por razones disciplinarias.
Así, CiU quiere que el Congreso avale un Pacto de Estado en materia de Justicia que englobe a todos los grupos parlamentarios y que permita alcanzar un amplio consenso entre el Gobierno, las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y todo el conjunto de operadores jurídicos. El objetivo de ese acuerdo sería definir un calendario de actuaciones para superar la actual situación crítica por la que atraviesa la Justicia.
Otra de las iniciativas de CiU, recogidas por Europa Press, los nacionalistas defienden la urgencia de impulsar el desarrollo legislativo de las medidas que en este ámbito recogen los nuevos estatutos de autonomía aprobados en la anterior legislatura y que, según denuncian, llevan casi tres años sin ser aplicados.
En concreto, aboga por otorgar a los tribunales superiores de justicia las nuevas competencias en materia de casación, por crear los consejos de justicia de ámbito autonómico y por que las comunidades asuman las competencias sobre los medios personales y materiales y definan la planta judicial en sus respectivas autonomías. Para ello, CiU quiere que el CGPJ incluya en la futura Memoria un apartado expreso con todas estas actuaciones.
En la misma línea, los nacionalistas catalanes instan al Consejo del Poder Judicial a atender a las resoluciones aprobadas por el Congreso en relación con la utilización de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia, ya que "se considera necesario que el CGPJ contribuya activamente a cumplir con las previsiones que contienen los Estatutos de Autonomías ya aprobados".
REVISAR LAS RETRIBUCIONES POR MUNICIPIO
Por último, CiU aboga por afrontar un proceso de reforma del régimen retributivo e las carrera judicial y fiscal para actualizar sus cuantías y superar situaciones "discriminatorias" que a su juicio padecen municipios como Tarragona, que sigue en el cuarto grupo cuando debiera haber ascendido al tercero en función del censo oficial de población. A tal fin, se propone que el CGPJ realice los informes y estudios oportunos que permitan detectar y superar "las actuales disfunciones retributivas existentes".
Por su parte, el PP ha aprovechado el debate parlamentario de las propuestas de resolución para presentar una iniciativa instando al Consejo (CGPJ) a que aplique "la máxima contundencia y severidad" a los jueces cuyas conductas fueran merecedoras de responsabilidad disciplinaria.
La propuesta llega a la Cámara tras la polémica suscitada por la denuncia del Tribunal Supremo acerca de que el juez Garzón, instructor de las diligencias de la Operación Gürtel' sobre una presunta trama de corrupción en el entorno del PP, podría haber ocultado los ingresos que obtuvo en Estados Unidos mientras disfrutaba de un permiso de estudios otorgado por la Audiencia Nacional. Cuando acudió a presentar la memoria del Poder Judicial, Carlos Dívar, indicó que el CGPJ aún no había empezado a tratar este asunto ya que el Supremo todavía no había remitido el caso porque estaba pendiente de recursos.
INVESTIGACIÓN "CON TODO RIGOR" Y SANCIONES
El PP, que se ha querellado por prevaricación contra el juez Garzón por el 'caso Gürtel', ha recogido ahora la polémica de los ingresos obtenidos por el magistrado y, sin citarlo, alude a la investigación pendiente del CGPJ en una de sus propuestas de resolución que se votan el jueves en el Pleno del Congreso, a las que tuvo acceso Europa Press.
Concretamente se reclama que el CGPJ "lleve a cabo con todo rigor las investigaciones tendentes a esclarecer las conductas de los jueces que fueran merecedoras de responsabilidad disciplinaria e imponga, con la máxima contundencia y severidad, las sanciones que pudieran derivarse de aquellos actos susceptibles de ser tipificados como faltas muy graves o graves por la Ley Orgánica del Poder Judicial".
El PP, cuyo portavoz de Justicia es el ex ministro Federico Trillo, se ocupa también de "los daños causados a los justiciables por errores muy graves derivados del anormal funcionamiento de la Justicia" y pide que el CGPJ adopte las medidas necesarias para garantizar que los jueces y magistrados van a asumir la responsabilidad que se les pueda imputar por los errores cometidos".
EL CGPJ, MEDIADOR EN EL CONFLICTO DE LOS JUECES
En otra de sus propuestas, el Grupo Popular anima al CGPJ a actuar de "árbitro" en el conflicto de los jueces con el Ministerio de Justicia, asumiendo "el liderazgo que le corresponde" para resolver "los graves problemas que han llevado a la crisis más profunda que ha sufrido la Justicia en la etapa democrática". A su juicio, los jueces desempeñan su labor "en pésimas condiciones" y la Justicia sufre un "grave atasco" que aumenta año a año por la falta de medios personales y materiales y la falta de uniformidad de los sistemas informáticos.
En ese contexto, emplaza al CGPJ a diseñar un proyecto que sea suficiente para solventar la crisis y haga compatible una red informática nacional que ponga a disposición de los jueces y magistrados, en tiempo real, los datos indispensables necesarios para el funcionamiento de la justicia civil y penal, permitiendo que los ciudadanos reciban una justicia rápida y eficaz.
Por último, el PP reclama al CGPJ "una política de nombramientos en juzgados y tribunales basada en los principios constitucionales de mérito y capacidad y que tenga en cuenta tanto a las asociaciones como a los jueces independientes".
También el PSOE reserva una de sus propuestas de resolución a la política de nombramientos, defendiendo los principios de mérito y capacidad y respetando la igualdad en el derecho de acceso de las mujeres, que apenas tienen representación en presidencias de órganos judiciales.
El PSOE quiere asimismo que la capacidad sancionadora del CGPJ adquiera transparencia y, para ello, pretende que el órgano de gobierno de los jueces incluya en su memoria anual, de manera "exhaustiva", los expedientes disciplinarios y las causas del archivo de los mismos, al tiempo que le insta a adoptar las medidas procedimentales para evitar su caducidad.
Además, el PSOE plantea al CGPJ que culmine la elaboración de un nuevo sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, sustituyendo al actual de módulos, para dimensionar la planta judicial y, en su caso, para un crecimiento "sostenible, progresivo y racional" de ésta. También aconseja fórmulas "alternativas y complementarias" que mejoren la prestación del servicio, incentivando la actividad y partiendo del reconocimiento y dedicación de los miembros de la carrera judicial.
El PSOE apunta igualmente la necesidad de que el CGPJ siga prestando una atención "preferente" a los juzgados de violencia de género, que abogue por reducir el elevador número de vacantes estructurales que presenta la carrera judicial y que racionalice "en sus justos términos" los llamamientos y la actuación de la justicia interina. Del mismo modo, defiende mecanismos en el servicio de inspección que garanticen "el buen control y funcionamiento" de los órganos judiciales e incluir en sus boletines estadísticos un conocimiento "cierto" del número de asunto, de la antigüedad de los mismos y de las causas de una posible dilación.
