MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados votará el martes una moción de ICV en la que se lamenta el visto bueno otorgado por el Gobierno al fichaje de David Taguas, ex director de la Oficina Económica de Moncloa, por parte de la patronal de la construcción, SEOPAN. Este tránsito profesional del ex asesor del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido criticado también por IU, el PP y el PNV.
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, anunció el miércoles que la Oficina de Conflictos e Intereses de su Departamento había dictaminado que la incorporación del ex secretario de Estado a la patronal de la construcción 'no conculca' lo previsto por la Ley de Incompatibilidades pues SEOPAN no es una empresa sino una asociación sin fines de lucro.
Para ICV, que comparte grupo parlamentario en el Congreso con Izquierda Unida y Esquerra Republicana, esa 'luz verde' otorgada a Taguas se basa en una "interpretación laxa" de la ley "burlando la voluntad del legislador". También el PP y la corriente Izquierda Socialista del PSOE han criticado la decisión del Gobierno.
Como consecuencia del debate que mantuvo el miércoles con Salgado, el diputado de ICV, Joan Herrera, ha registrado una moción que se votará el martes en el Congreso y en la que, como primer punto, se "lamenta" esa decisión adoptada por el Ejecutivo.
LAS FUTURAS ADJUDICACIONES, BAJO SOSPECHA.
La reprobación del 'fichaje' de Taguas podría ser apoyada también por el PP, cuyo diputado Rafael Merino llegó a advertir al Gobierno de que, al permitir la incorporación del asesor económico a SEOPAN, va a poner bajo sospecha las adjudicaciones de obra pública que reciban las constructoras que forman parte de la asociación.
También el PNV cuestionó hace unas semanas el 'fichaje' del ex alto cargo. El nacionalista Aitor Esteban señaló que el tránsito de Taguas desde el Gobierno a un "lobby" como SEOPAN no ha sido suficientemente aclarado, puso en cuestión que la patronal de las constructoras no tenga realmente intereses económicos y se preguntó si se están cumpliendo adecuadamente con la legislación en materia de incompatibilidades.
Por su parte, la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, tiene presentada una pregunta por escrito en la que considera que debería aplicarse el principio de incompatibilidades "en sentido estricto".
"¿Considera el presidente del Gobierno razonable que quien ha ocupado un alto cargo en su gabinete, como director de la Oficina Económica, una vez cesado pase sin solución de continuidad a ocupar un puesto directivo en una entidad patronal representativa de los intereses privados de las empresas del sector de la construcción?", pregunta Rosa Díez.
CAMBIAR LA LEGISLACIÓN.
En el texto de ICV, al que tuvo acceso Europa Press, se pide además un cambio de la legislación para que las asociaciones y 'lobbies' del tipo de SEOPAN se incluyan en el régimen de incompatibilidades que se aplica a los altos cargos.
Además, promueve la transformación de la Oficina de Conflictos de Intereses para que, en lugar de depender del Ministerio de Administraciones Públicas, esté vinculada al Parlamento y que sean las Cortes Generales quienes elijan a sus integrantes y puedan incoar procedimientos sancionadores.
Salgado ya avisó que el Gobierno no contempla modificar la vigente legislación en materia de incompatibilidades y que no pensaba cambiar la ubicación administrativa de esta oficina supervisora.
En un tercer bloque, ICV plantea también medidas para controlar la labor de los 'lobbies' y grupos de presión trasladando a nuestro país mecanismos que funcionan en países anglosajones y en Bruselas. Así, se pide un registro de 'lobbies' controlado por las Cortes y un código de conducta común para todos sus integrantes que incluya sanciones.
