MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Fiscal aprobó hoy un informe en el que se propone que el Anteproyecto de reforma del Reglamento Disciplinario de la Guardia Civil establezca que las sanciones impuestas a los miembros del Instituto Armado sean revisados por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y no por la Militar, como establece el artículo 79 de la reforma, ya que ello "genera dudas" de si colisiona con la definición que de la jurisdicción militar hace la Constitución.
El informe sometido a votación del Consejo Fiscal considera que el anteproyecto "es un punto de partida para una importante modificación en el ámbito de aplicación de las leyes penales militares", ya que prevé la aplicación del Código Penal ordinario, en vez del militar, a los guardias civiles, salvo en tiempo de guerra, durante estado de sitio, en cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando se integren en misiones militares.
El Consejo Fiscal considera que "la trascendencia del cambio hace imprescindible considerar si tal reforma obliga a reinterpretar el 'ámbito estrictamente castrense' establecido en la Norma Fundamental". Así, concluye que el cambio supone que "a efectos penales los miembros de la Guardia Civil dejarán de tener la consideración de militares incluso cuando ataquen a la disciplina militar de un modo previsto como delito en el Código Penal Militar".
Por ello, en su opinión, "resulta incoherente" con la intención del Anteproyecto que las mismas personas se encuentren sometidas a la jurisdicción militar cuando infringen el mismo interés con comportamientos de menor gravedad y recurren en vía jurisdiccional las sanciones que se les impongan.
De ahí que el Consejo proponga que en los supuestos en los que resulten de aplicación las disposiciones del Código Penal Militar o de la Ley Orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, quede atribuida dicha competencia a los órganos de la jurisdicción militar a través del recurso contencioso-disciplinario militar y, en el resto de supuestos, tal potestad sea ejercida por los órganos de la jurisdicción contenciosa-administrativa, mediante el recurso correspondiente.
NOMBRAMIENTOS.
El Consejo Fiscal celebrado hoy, además de aprobar otro informe relativo al Registro Central para la protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, ha propuesto al fiscal general del Estado el nombramiento de Luis Fernando Rey Huidobro para la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Tras oír al Consejo Fiscal, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, propondrá al Gobierno el nombramiento de Esmeralda Rasillo para la Secretaría Técnica y de Almudena Lastra de Inés como fiscal de la Unidad de Apoyo.
Rey Huidobro, actual teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ingresó en la carrera fiscal hace 24 años y ha sido propuesto para incorporarse a la Audiencia Nacional por el fiscal jefe, Javier Zaragoza.
Por su parte, Esmeralda Rasillo está destinada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Almudena Lastra es letrada responsable de la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
