Los anteproyectos de Ley se someterán ahora a los informes del CGPJ y de la Agencia de Protección de Datos
MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno impulsará una base de datos policiales común con indentificadores obtenidos a partir del ADN y un mayor control de las tarjetas telefónicas de prepago, según se recoge en sendos anteproyectos de Ley que hoy estudió el Consejo de Ministros y que ahora se someterán a los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Agencia Española de Protección de Datos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que estos proyectos pretenden luchar contra el crimen y la prevención del delito, ya que la seguridad de los ciudadanos, añadió, es uno de los "ejes prioritarios" del Ejecutivo.
De la misma manera, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que el "denominador común" de estas iniciativas es "mejorar la eficacia" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la hora de cumplir su tarea en la lucha contra la delincuencia, la inmigración ilegal y el terrorismo.
UNIFICACIÓN DE FICHEROS
El anteproyecto de Ley de bases de datos policiales sobre identificadores obtenidos a partir del ADN creará y regulará una futura base de datos que unificará todos los ficheros de perfiles de ADN con que cuenta el Ministerio del Interior. Para ello, la Secretaría de Estado de Seguridad, de quien dependerá la base de datos policial, ya cuenta con el software denominado CODIS, que ha sido proporcionado gratuitamente por la Agencia Federal de Investigación (FBI), y del que disponen varios países de la Unión Europea.
A fin de conseguir que la base de datos de identificadores obtenidos del ADN consolide, progresivamente, su carácter integral y completo, se ha previsto la posibilidad de que, en un futuro, y mediante la suscripción del correspondiente Convenio, se integren otros ficheros o bases de datos como las de las policías autonómicas o el Instituto Nacional de Toxicología.
La información de la base de datos será un recurso fundamental para resolver determinados tipos de investigaciones, como las dirigidas a identificar cadáveres, las de averiguación del paradero de personas desaparecidas; pero, fundamentalmente, las realizadas por las autoridades judiciales y policiales de cara al esclarecimiento de aquellos delitos considerados de especial gravedad o generadores de alarma social.
De esta manera, en el marco de las investigaciones por los delitos de esta naturaleza que se enumeran en el anteproyecto --catálogo que incluye los delitos contra la vida, la integridad de las personas y la libertad sexual, el robo con fuerza o violencia, así como los delitos de terrorismo o los de delincuencia organizada--, los identificadores obtenidos del ADN de sospechosos, detenidos o imputados, se incluirán, sin que sea necesario el consentimiento de éstos, en la base de datos.
Estos identificadores se conservarán hasta que se produzca su cancelación y podrán ser utilizados para la investigación, no sólo del delito concreto que motivó su obtención, sino también en otras investigaciones, pasadas o futuras, por alguno de los tipos de delitos enumerados en el anteproyecto.
A diferencia de los que sucede en la actualidad, se ha establecido un período de cancelación de los identificadores almacenados en la base de datos, que será el equivalente al fijado para la prescripción del delito (si el proceso finaliza con auto de sobreseimiento provisional) o para la cancelación de antecedentes penales (si existe sentencia firme condenatoria).
El texto establece una serie de garantías dirigidas a proporcionar la máxima protección de los derechos de los ciudadanos. Así, sólo podrán ser inscritos aquellos datos de ADN que sean reveladores, exclusivamente, de la identidad del sujeto y de su sexo, y nunca de cualquier otra información genética. Se establece la obligación de contar con autorización judicial expresa para la obtención de muestras biológicas de un sospechoso contra la voluntad de éste. Además, el anteproyecto fija el carácter supletorio de la Ley Orgánica Protección de Datos de Carácter Personal, y de todo su sistema de garantías.
COMUNICACIONES ELECTRONICAS
Por su parte, el anteproyecto de Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, que incorpora al ordenamiento jurídico una Directiva comunitaria, establece la obligación para los operadores de este tipo de servicios de conservar ciertos datos generados en cualquier tipo de comunicación electrónica (telefonía móvil y fija e internet) y de entregarlos cuando se les requiera para la investigación, detección o enjuiciamiento de delitos.
Los datos que deben retenerse en ningún caso revelarán el contenido de la comunicación y sólo se conservarán los necesarios para identificar su origen y destino, la hora, fecha y duración, el tipo de servicio y el equipo de comunicación utilizado por los usuarios. Dichos datos deberán conservarse durante doce meses, desde la fecha en que se haya producido la comunicación.
TARJETAS PREPAGO
Además, el texto prevé instrumentos para controlar los datos procedentes de teléfonos móviles activados mediante la modalidad de tarjetas prepago. En concreto, se establece la obligación de los operadores de dicho tipo de tarjetas de llevar un libro-registro con la identidad de los compradores y de conservar los datos correspondientes durante ese mismo período --doce meses-- desde que se active la tarjeta.
Además, se fija un plazo de seis meses para que los operadores de estos servicios realicen, a su costa, las adaptaciones técnicas precisas para proceder al cumplimiento de las obligaciones de conservación y cesión de datos contenidas en el anteproyecto.
La puesta en funcionamiento de esta propuesta exige la implantación en las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil de un sistema informático para el almacenamiento y gestión de la información recibida de los operadores, así como el establecimiento de canales de comunicación de datos con los mismos, todo lo cual se ha valorado en unos tres millones de euros, que se financiarán con cargo a los presupuestos del Ministerio del Interior.
El ministro de Interior aseguró que el objetivo es acabar con la "opacidad" de las tarjetas prepago, que son utilizadas habitualmente por los delincuentes para sus comunicaciones. "Se trata de acabar con la opacidad y en la España reciente hay desgraciadamente un ejemplo notable de esto", dijo, en referencia a los atentados del 11-M.
