VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Castilla y León autorizó hoy la interposición de un nuevo recurso contencioso-administrativo contra la última modificación a la baja del Impuesto de Sociedades en el País Vasco.
En concreto, la Junta recurrirá hoy el Decreto del 29 de diciembre de la Diputación de Guipúzcoa que entró en vigor el 31 de diciembre del año pasado y, junto a otras ventajas fiscales, redujo el tributo al 28 por ciento para las empresas guipuzcoanas, cifra que contrasta con el 30 por ciento que se aplica en el resto de España.
El recurso se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a propuesta de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y se unirá a los otros siete de similares características que ha tramitado el Ejecutivo de Castilla y León desde 1996. En opinión del Gobierno autonómico, la aprobación de tipos reducidos del Impuesto de Sociedades en cualquiera de las tres provincias vascas supone un "claro ejercicio de competencia fiscal desleal" que perjudica a las comunidades limítrofes, entre las que se encuentra Castilla y León. .
Como explicó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, se da la circunstancia de que el Decreto que está en cuestión fue derogado por las juntas generales de Guipúzcoa el 10 de enero de 2008. A pesar de ello, el Consejo de Gobierno ha decidido recurrirlo porque estuvo vigente en la fecha de devengo del Impuesto de Sociedades, el pasado 31 de diciembre, por lo que podría ser de aplicación al ejercicio 2007.
Precisamente, la potestad de las diputaciones forales vascas para reducir unilateralmente ese tributo fue analizado hoy por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que tiene su sede en Luxemburgo. Hasta allí se desplazó una delegación de la Junta de Castilla y León encabezada por el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
A la expedición se sumaron representantes de la patronal Cecale y el Consejo Regional de Cámaras de Comercio, puesto que los empresarios castellanos y leoneses son los principales damnificados por la existencia de una normativa fiscal diferente en la comunidad autónoma vecina.
