Corrección.-Absueltos los cuatro concejales del PP de Riotuerto (Cantabria) acusados de atentar contra el honor del...

Actualizado: miércoles, 15 febrero 2006 20:18

Corrección a la noticia anterior sobre el mismo tema: en el titular anterior aparece que Riotinto está en La Rioja, y debe poner Cantabria

SANTANDER, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado la sentencia absolutoria a los cuatro concejales del PP en el Ayuntamiento de Riotuerto (Agustín Bedia, José Manuel Maza, Carmen Pérez y Ángel Cuadrado) acusados por el edil socialista José Manuel Díez de atentar contra su honor.

De esta manera, la Sala ratifica la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cudeyo, desestimando íntegramente el recurso de apelación presentado por el edil socialista.

Díez interpuso su recurso al considerar que "las expresiones utilizadas por los demandados en el Pleno del Ayuntamiento, el día 29 de enero de 2004" sobre que "quien en realidad gobierna en el Ayuntamiento no es el actual alcalde", el regionalista Alfredo Madrazo, sino el apelante, ya que éste había "tenido la feliz ocurrencia de cerrar, mediante muro de mampostería, parte de una plaza de propiedad municipal, y anexionarla a terreno de su propiedad".

Además, Díez también considera como expresiones atentatorias "contra su honor y su buena imagen" las informaciones publicadas en dos periódicos regionales que hacían referencia a su persona, que no se detallan en sentencia, hecha hoy pública.

La Sala desestima el recurso, al considerar que "la crítica evaluación de la conducta personal o profesional de una persona o el juicio sobre su idoneidad profesional no constituyen de suyo una ilegítima intromisión en su derecho al honor", siempre que "no sean expresiones o mensajes insultantes".

En este sentido, la Sala aclara que las expresiones vertidas por los ediles 'populares' "deben de encuadrarse dentro de la crítica policita"

Sobre las noticias presuntamente ofensivas para Díez aparecidas en los periódicos, los magistrados argumentan que "no existe prueba alguna" que acredite que "los hechos publicados" se realizasen "a instancias de los demandados"·