MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso aprobó hoy por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley, presentada por las Cortes de Aragón, para introducir el debate sobre el equilibrio financiero y la cooperación entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.
Con este texto, según defendieron los diputados aragoneses Antonio Piazuelo (PSOE), Chesús Yuste (CHA) y Javier Allué (PAR), se pretende que "el principio de cooperación institucional asegure un adecuado reparto de la carga financiera" entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno, evitando, de esta forma, "las decisiones unilaterales".
Las Cortes aragonesas plantean, además, que la cesión de competencias rompa el "equilibrio" financiero ante ambas instituciones, por lo que solicitan que se apliquen los procedimientos oportunos para revisar el porcentaje de participación en los tributos estatales, así como las medidas de compensación oportunas.
Durante su intervención en el Pleno de la Cámara Baja, los tres diputados coincidieron en solicitar a los diputados su apoyo a una iniciativa que expone "un problema" que no sólo padece la Comunidad Autónoma de Aragón, sino el resto de autonomías españolas: "la deslealtad institucional respecto a la financiación autonómica".
En concreto, y en palabras del diputado del CHA, Chesús Yuste, "desde cualquier punto de vista es injusto que el Gobierno apruebe rebajas en tributos cedidos a las Comunidades Autónomas sin establecer mecanismos de compensación", una práctica que, en el caso de Aragón, ha supuesto un "incumplimiento" por parte del Gobierno de la disposición adicional segunda del vigente Estatuto.
Al respecto, el diputado socialista Piazuelo precisó que el Gobierno aragonés ha recurrido ante los tribunales los casi 430 millones de deuda fiscal que el Estado mantiene con la citada Comunidad Autónomas.
A pesar de esta situación, los diputados aragoneses, sin embargo, se felicitaron por el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de constituir, "antes de que finalice" el presente año, una comisión que estudiará la fórmula de negociación de las compensaciones económicas por mermas recaudatorias.
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El artículo primero de esta proposición que presentó hoy el Parlamento aragonés obliga al Gobierno a compensar todas las rebajas que las diferentes autonomías experimenten en los ingresos procedentes de su participación en el sistema tributario estatal, cada vez que la legislación lo modifique.
También establece la obligatoriedad de realizar un estudio estadístico de este impacto. El mismo artículo, en su apartado dos, señala que se realizará el mismo proceso cuando se rebaje la dotación a las corporaciones locales.
Del mismo modo, la Administración General del Estado, de acuerdo con lo aprobado, deberá comprometer, legalmente, la compensación pertinente si legisla cualquier materia ya transferida a las Comunidades Autónomas.
Y, además, establece la importancia de "preservar el principio de equilibrio financiero" mediante la celebración de reuniones anuales de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma y del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Conforme a lo establecido en el texto que se debatirá en el Congreso, el Consejo será informado sobre los anteproyectos de ley de reforma de haciendas locales, para que puedan presentar propuestas las federaciones de municipios y provincias.
La proposición de ley incluye una disposición adicional que afirma que en el plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigor de esta futura ley, de aprobarse, el Gobierno dará cumplimiento a las compensaciones oportunas por las mermas tributarias originadas desde el inicio del proceso autonómico.
La única disposición transitoria indica, en su apartado uno, que en el plazo de tres meses el Consejo de Política Fiscal y Financiera estudiará la minoración de ingresos a partir de la modificación, en 2001, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El apartado segundo de esta disposición transitoria expresa que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluirán partidas compensatorias a las Comunidades Autónomas por estos conceptos.
POSICIÓN DE LOS GRUPOS
Los grupos parlamentarios de la Cámara se mostraron por unanimidad a favor de la toma en consideración de esta propuesta de las Cortes de Aragón. El primero en intervenir fue la Chunta Aragonesista, que, en boca del diputado José Antonio Labordeta, señaló que, además de ser "de justicia" apoyar el debate de esta iniciativa --dado que afecta a las todas las Comunidades Autónomas--, es necesario, a su juicio, acabar con la deslealtad institucional existente en este sentido. "Qué fácil es quedar bien a costa del bolsillo ajeno", apuntó Labordeta.
Con esta valoración coincidió el diputado de ERC Joan Puig, quien añadió, además, la necesidad de que el Estado "asuma compromisos y no buenas intenciones" para con las Comunidades Autónomas. "Para el Gobierno es más cómodo no comprometerse y tener un margen de maniobra", afirmó Puig. Apostilló que aunque no duda de la "buena fe" del Ejecutivo, "el infierno está lleno de buenas intenciones". De ahí la importancia, dijo, de pasar de las palabras, "que se las lleva el viento", a las concreciones.
En esta misma línea se manifestó el diputado Luis Mardones, de Coalición Canaria (CC), quien felicitó la proposición de las Cortes de Aragón "por invocar el plural de las Comunidades Autónomas", y la diputada de IU-ICV Isaura Navarro, quien planteó, por su parte, lo "imprescindible" de buscar "lugares de encuentro" entre el Estado y las autonomías en materia económica.
Por su parte, el diputado peneuvista Pedro Aspiazu también alabó la introducción de las Cortes aragoneses de esta proposición, que "pretende reencontrar el equilibrio financiero" de las Comunidades Autónomas. No obstante, dijo tener la sensación que los puntos de esta iniciativa aragonesa poseen "grandes dosis de ingenuidad política", puesto que, según lamentó, "no existe voluntad" por parte del Ejecutivo de resolver este asunto.
REPROCHES ENTRE PP Y PSOE
De su parte, el PP, a través de su diputado Santiago Lanzuela, consideró "innecesaria" la presentación de esta proposición al señalar que sería suficiente para resolver el equilibrio financiero y la cooperación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas el principio de lealtad institucional, "si éste se aplicara debidamente".
En respuesta al diputado 'popular', el socialista Agustín Turiel indicó que la proposición presentada por el Parlamento aragonés lo que hace es denunciar "el mal comportamiento del Gobierno del PP", que fue, a su entender, el que "rompió el principio de lealtad institucional".
Dicho esto, agregó que el objetivo de esta iniciativa, que alabó, es "corregir la articulación de instrumentos legales, cuando varía la capacidad fiscal de las Comunidades Autónomas como consecuencia de las decisiones del Gobierno y las Cortes Generales".
