MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía aseguró hoy que la "corrupción generalizada" de la Policía Local de Coslada era "previsible y evitable" y acusó al alcalde de Coslada, Ángel Viveros, de "dejación de funciones en defensa de los ciudadanos y de total responsabilidad" como máximo jefe de la Policía Local, "sobre todo cuando confiesa que conocía rumores y quejan que eran de dominio público".
El partido pidió que el caso sirva como oportunidad para reflexionar sobre el "encapsulamiento de competencias" hacia el que se dirige el sistema político en España. "Se ha confundido hasta el abuso descentralización con no ingerencia del Estado, teniendo ejemplos palpables en Educación, Sanidad y, en este caso, seguridad pública", indicó Ciudadanos (C's).
En ese sentido, señaló que aunque la Policía Local debería ser una garantía contra la privatización de la seguridad y contra el poder de las Comunidades Autónomas o del Estado, "la responsabilidad sobre quienes portan armas en el ejercicio del monopolio de la violencia legítima, ¿es del jefe de personal de una empresa privada, del presidente de una Comunidad Autónoma o del Ministro del Interior?", subrayó.
"¿Quién debe garantizar, con una vigilancia eficaz, la cualificación de las personas y la calidad del servicio?", se preguntó el Partido de la Ciudadanía en un comunicado.
Ciudadanos asegura que capacidad técnica para dotar y supervisar estos servicios es de un nivel superior de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y, por tanto, en el Ministerio del Interior. "Lo hizo ahora, pero tarde, mal y por casualidad", apostilló.
C's considera que también ha fallado la responsabilidad de los ciudadanos. "Parafraseando el poema atribuido erróneamente a Bretch: 'Como yo no era prostituta ni inmigrante ni pequeño comerciante cuando vinieron por mí, ya era tarde'", añadió.
Por ello, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitó que se cree un órgano, dependiente de la Fiscalía anticorrupción, dedicado a investigar las denuncias incluso anónimas de abusos de las fuerzas policiales, sea cual sea su ámbito, y a prestar protección y asistencia efectiva a las víctimas de dichos abusos, así como a la dotación de un número de teléfono gratuito en el que denunciar hechos de esa índole, tal como existe para atajar la violencia contra mujeres y menores.
