MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSI-CSIF entregó hoy en el Congreso de los Diputados 15.128 instancias firmadas por funcionarios de la Administración de Justicia, en las que piden que se mantengan sus condiciones laborales y que no se realicen las modificaciones contempladas en la reforma del Estatuto de Cataluña y en el proyecto de ley de 'Justicia de Proximidad', informó el propio sindicato.
La responsable de Justicia de CSI-CSIF, Julia Jiménez, tildó de "disparate" estas reformas y aseguró a Europa Press que si el Gobierno las lleva a cabo es por un "pacto con los nacionalistas", y concretamente con CiU, en torno a la reforma del Estatuto de Cataluña. El sindicato, agregó, "no tiene nada que decir respecto al Estatuto", siempre que el Ejecutivo no traslade estas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, como según ella está haciendo.
En concreto, la campaña de CSI-CSIF se dirige contra las reformas contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Proyecto de Ley de Justicia de Proximidad, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la del Estatuto de Cataluña en lo relativo a Justicia. Las firmas recogidas por el sindicato están dirigidas al presidente del Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso, y la semana que viene tienen previsto presentarlas también en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Jiménez sostuvo en declaraciones a Europa Press que "no existe ninguna razón de funcionamiento" que "justifique" la introducción de estas modificaciones, y manifestó su esperanza en que el Gobierno y el Congreso "escuchen" a los funcionarios que han presentado las firmas.
Según dijo, los responsables políticos "tienen que tener en cuenta" la presentación de estas firmas, puesto que es a los funcionarios a quienes "afectan directamente" estas medidas. "No son pretensiones disparatadas, sólo pedimos que se mantengan nuestras condiciones", argumentó.
Además, en un comunicado que ha hecho público hoy, el sindicato muestra su "alarma y preocupación", así como la de "la mayoría de los funcionarios de Justicia", por la aprobación del Estatuto de Cataluña, que, según ellos, si se traslada a la Ley Orgánica del Poder Judicial, significa "la reforma al dictado" de esta norma "por parte de una comunidad autónoma", pero que "sus efectos afectarán a todo el Estado".
Además, consideran que la reforma estatutaria "rompe claramente" la condición de "cuerpos nacionales" de los órganos judiciales, puesto que Cataluña "asume prácticamente todas las competencias y, además, le permite crear cuerpos autonómicos de Justicia". La 'Justicia de Proximidad', por su parte, supone según ellos un modelo "impensable" para algunos territorios, que genera "una Justicia con distintas categorías, dependiendo de las posibilidades económicas de cada territorio".
"50 PEGAS" DEL CONGRESO
Además, la portavoz del sindicato aseguró que en el Congreso les pusieron "cincuenta pegas" para registrar las instancias, especialmente las dirigidas al presidente del Gobierno y anunció que también tienen previsto presentar, la semana próxima, las firmas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La iniciativa de CSI-CSIF se enmarca dentro de la "Campaña estatal en defensa del mantenimiento del contenido y carácter de los Cuerpos Nacionales de funcionarios de la Administración de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial y contra el Proyecto de Justicia de Proximidad".
Dentro de esta campaña, el sindicato se ha entrevistado con "todas las instituciones, asociaciones y estamentos de la Justicia", además de con distintos grupos parlamentarios para transmitirles su "preocupación" y "recabar su apoyo en sus enmiendas". En concreto, se han reunido con los grupos del PP, IU-ICV y CiU, mientras que con el PSOE lo harán la semana próxima.
La campaña se inició el pasado 9 de marzo con la distribución de folletos en los que se explicaba lo que supondrían, para los derechos de los funcionarios y para la Justicia como servicio público al ciudadano, la reformas que el Gobierno tramita actualmente en el Congreso y por la aprobación del Estatuto de Cataluña en el Congreso en lo relativo a la Justicia.
