MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
Unas 40 personas pertenecientes a la Asociación Juan Montalvo de Valencia se manifestaron hoy en las cercanías del Congreso de los Diputados, tras recorrer durante díez días la distancia que separa Valencia de Madrid, para reclamar al Gobierno que otorgue una moratoria general de dos a tres años en el pago de las hipotecas, para evitar así posibles desahucios.
Los manifestantes, en su mayoría inmigrantes, hicieron entrega al coordinador general de IU, Cayo Lara, y al eurodiputado Willy Meyer, presentes en el acto, un pliego con sus reivindicaciones para que el diputado de la formación en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, lo haga llegar a la Comisión de Peticiones.
Con sus reivindicaciones, que también han sido suscritas por otra veintena de asociaciones, pretenden paliar las dificultades de los ciudadanos a la hora de enfrentarse a los agentes del mercado inmobiliario, a los que señalan como "los responsables de la especulación".
REIVINDICACIONES DEFENDIDAS YA POR IU
Los asistentes a la protesta, que gritaron consignas como 'No sólo fotos, queremos soluciones' y que portaban carteles con leyendas como 'Devolver piso sin deuda', 'No más dinero a los bancos' o 'Derecho a techo a justo precio', reclaman algunas de las iniciativas defendidas ya en el Congreso de los Diputados por Izquierda Unida.
Así lo puso de manifiesto el coordinador general de la federación de izquierdas, Cayo Lara, quien puso de relieve "el compromiso" adquirido por IU para intentar parar "la sangría" de desahucios que se están produciendo en España. Según precisó, en la actualidad se calcula que existen entre 74.000 y 84.000 expedientes de desahucio en España que se van a hacer efectivos a lo largo del presente año.
Lara, que valoró como "una gesta" los 450 kilómetros que los integrantes de esta asociación han recorrido para entregar el documento con sus reivindicaciones, recordó que IU ya ha presentado en la Cámara Baja diversas iniciativas para frenar los desahucios, para que se dé una moratoria de cinco años en el pago de las hipotecas en el caso de las personas que no puedan hacer frente a las mismas o para que el Ejecutivo empiece a adquirir el millón de viviendas vacías que hay en España a un precio de coste.
