SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo ha dictado una providencia en la que se tiene por interpuesto recurso de reforma de la defensa de Ángel Espadas, exjefe de gabinete del exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa, contra la decisión de la instructora de la 'Operación Pokémon' de denegar que prestasen declaración los funcionarios de Vigilancia Aduanera que elaboraron el informe en el que se basa su imputación por cohecho.
Pilar de Lara rechazó hace diez días la petición de Espadas, que pretendía que los agentes "aclarasen y ampliasen determinados extremos" con su declaración, en base a no haber sido motivadas las causas para que esos testimonios contribuyesen a las diligencias.
En el recurso de reforma de Espadas, al que tuvo acceso Europa Press, se incide en el informe de Aduanas que constata supuestos indicios de criminalidad al vincularlo con "una ruta del bacalao" en la que el responsable de Vendex, José María Tutor, realizaría "posibles entregas de dinero en Santiago".
"... el día 20 de mayo de 2011... si bien no se puede determinar exactamente la forma y momento en que se materializa la entrega del dinero, los siguientes indicios acreditados hacen presumir que la misma se realizó y habría sido al menos de 5.000 euros", recoge el recurso, citando al informe.
Tras reproducir dicho entrecomillado, añade que "se informa que no se sabe ni cuándo ni cómo ni cuanto", pero que aún así "se presume" que Espadas recibió ilícitamente 5.000 euros. De la lectura de esta "conclusión", incide la defensa de Espadas, se desprende "la total y absoluta inexistencia de indicio alguno" para fundamentar su imputación.
DERECHO A DEFENSA
Aunque Espadas aceptó la resolución de imputación sin recurrir para "no entorpecer la instrucción", su defensa se reafirma en que es preciso la declaración testifical de los agentes y lo considera una diligencia "imprescindible" para aclarar las "inconcreciones" del informe, frente a De Lara, que no ve motivada la petición.
Lo contrario, convertir los informes "en un dogma de fe" y "máxime a tenor del contenido de los mismos", no garantizaría --según argumenta el recurso-- el ejercicio del derecho a defensa del exjefe de gabinete de Conde Roa.
No en vano, en el escrito se hace referencia al "principio de contradicción" que, en el marco del ejercicio del derecho de defensa, insta a posibilitar el enfrentamiento dialéctico de las partes en el caso de que haya dos posiciones jurídicas enfrentadas, por lo que se considera que la decisión de De Lara "vulnera" dicho principio.
En definitiva, finaliza el recurso, "no puede legitimarse judicialmente que esta parte sea una mera espectadora en fase de instrucción en la que se considera pertinente la incorporación a las actuaciones del informe emitido por agentes de Vigilancia Aduanera, pero no su declaración sobre dicho informe".
Así, se pide que se admita el escrito y se tenga por interpuesto el recurso de reforma, paso que da la providencia, que abre un plazo de dos días a las partes para que aleguen lo que estimen conveniente antes de que la magistrada resuelva el recurso.
