La Fiscalía acusa a seis miembros de la cúpula de organización criminal, tenencia de armas y explosivos y enaltecimiento del terrorismo
MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los abogados de la cúpula del partido Reconstrucción Comunista juzgada esta semana en la Audiencia Nacional han pedido este jueves la absolución de sus clientes, ya que consideran que la acusación "se ha sacado de quicio" y que defender el marxismo no es un acto delictivo.
Así lo han manifestado este jueves después de que la Fiscalía haya elevado a definitivas el escrito de acusación en el que reclama penas de entre seis meses y siete años de prisión contra los seis procesados por delitos que van de la organización criminal y la tenencia de armas y explosivos hasta enaltecimiento del terrorismo.
Gonzalo Boye, abogado de Roberto García Vaquero, secretario general del partido, ha denunciado que con acusaciones como esta se busca la "criminalización del disidente", de una "ideología", ya que ha afirmado que "no hay pruebas de cargo".
"Ser comunista no es delictivo, por ahora. Se ha sacado todo de quicio. Nos guste o no lo que él piense, lo que proclama es propio de una democracia, de tener pluralidad ideológica", ha proclamado.
En cuanto al argumento del Ministerio Público de que los acusados simpatizan con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado terrorista por la UE y Estados Unidos, Boye ha alegado que portar una bandera o llevar una camiseta de dicha organización "no significa que se esté apoyando el terrorismo" ni que se tenga relación con ese grupo. Es más, el abogado ha llegado a decir que también Nelson Mandela o Lech Walesa fueron considerados terroristas por sus respectivos países.
La fiscal ha establecido la relación entre los acusados y el PKK por el hecho de que dos de ellos, Pablo Díaz Ocampo y Álvaro Fernández, viajaron en 2015 a Siria para luchar en las unidades de protección popular del pueblo kurdo (IPG) contra el Estado Islámico.
SÓLO UNA CONVERSACIÓN
En cuanto a las amenazas que precisamente uno de estos dos acusados, Pablo Díaz Ocampo, ha dicho haber recibido de sus compañeros por querer abandonar el partido, Boye les ha restado importancia.
"¿Cuántas veces decimos 'le mataría' o 'es para matarle'?", se ha preguntado, asegurando que se trata de una expresión exagerada que no se dice en el sentido literal. A su juicio, es como cuando se dice "estoy llegando" o "voy de camino".
"Que unos chavales conversen y digan que hay que dar una paliza no pasa de ser una conversación que no tiene una relevancia penal, y menos la que pretende la Fiscalía", ha apuntado.
Las defensas de los acusados han tratado de restar credibilidad a la versión de Pablo Díaz Ocampo, para quien el Ministerio Público pide una atenuante en la pena que se le pide, dos años de prisión, por su colaboración con la justicia.
Según Boye, Díaz Ocampo comenzó a colaborar cuando aparecieron sus huellas en el material incautado en la sede del partido, donde fue encontrado distinto material que, para los investigadores, podría ser utilizado para fabricar explosivos. Para otro abogado, parte de ese material se utiliza en tiendas de animales, justo el lugar donde trabajaba por entonces Díaz Ocampo.
NI ASOCIACIÓN ILÍCITA NI ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Las defensas también han alegado que no se puede acusar a los sospechosos de asociación ilícita porque "no se cumplen los requisitos" previstos en el Código Penal, ya que Reconstrucción Comunista "no se constituyó para la comisión de delitos", de modo que tampoco se les puede atribuir el delito de organización criminal, que es la pena alternativa que propone la Fiscalía.
Los letrados también han puesto en cuestión las escuchas telefónicas a los acusados. Consideran que deberían declararse "nulas" porque se llevaron a cabo sólo por "sospechas", y han reprochado que a uno de los sospechosos, el kurdo Nizamettin Gul, se le acuse de enaltecimiento del terrorismo sólo por unos mensajes de whatsapp interceptados por la intervención telefónica.
Según su abogado, se trata de mensajes enviados en un chat privado, por lo que "si no se hubiesen intervenido los móviles, nadie habría tenido conocimiento de su empatía con el pueblo kurdo". "Si no hay publicidad, ¿cómo se le va a imputar el delito de enaltecimiento?", ha preguntado el letrado, quien ha destacado además que Gul apenas sabe español.
En esta última jornada del juicio, los acusados han tenido la oportunidad de un turno de última palabra. Roberto García Vaquero ha pedido su absolución y ha manifestado que todas las actividades que ha desarrollado en el partido "han estado regidas por los principios del marxismo".
Carlos Javier del Val, alias 'Gasolino', ha dicho ser "inocente de todos los delitos" que se le imputan y se ha quejado de la revelación de sus datos personales a través de los escritos judiciales y la posterior publicación en medios de comunicación, ya que le parece "inaudito y peligroso" que la Embajada de Turquía en España pueda tener acceso a ellos.
Gul, por su parte, ha declinado hablar a través de un traductor y en un precario español ha reivindicado su inocencia, ha asegurado que no es del PKK y ha aprovechado para defender la "causa kurda". "Yo soy un activista pro kurdo y llevo 25 años con ideología de libertad del Kurdistán y voy a defender mi pueblo como antiguamente los españoles contra los árabes lucharon", ha proclamado.
