MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La junta de portavoces del Congreso de los Diputados decidió hoy retrasar la votación del proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas con problemas de dependencia al pleno de la próxima semana, a petición de los grupos del PNV y CiU, informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.
El proyecto de Ley iba a ser debatido en el pleno del próximo jueves, día 28, donde previsiblemente sería aprobado por amplia mayoría, dado el principio de acuerdo alcanzado ayer por los grupos parlamentarios Socialista y Popular.
PNV y CiU son contrarios a este proyecto de Ley al entender que, entre otros aspectos, vulnera competencias autonómicas en materia de servicios sociales. Pero además, tal y como explicó a Europa Press el portavoz de los nacionalistas vascos, Emilio Olabarría, censuran la "celeridad" con la que los socialistas pretenden tramitar la norma.
Olabarría entiende que, si se trata de la ley más importante de la legislatura y de la creación del cuarto pilar del Estado del Bienestar el debate debe ser sereno y decoroso. A su modo de ver, la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales ha realizado un trabajo "aparatoso y desordenado". "Ayer me entregaron 40 ofertas de transacciones 3 minutos antes de mi intervención", aseveró.
Por su parte, el portavoz en la materia de CiU, Cales Campuzano, aseguró que su grupo aún está "abierto a negociar", si bien entiende que el PSOE y las formaciones políticas que le han prestado su apoyo "no tienen ninguna intención".
Campuzano insiste en que el proyecto de Ley deja sin resolver aspectos que afectan a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, sobre la financiación, así como respecto a la atención de las personas con problemas de discapacidad intelectual.
INFORME DE LA PONENCIA
En cualquier caso, los grupos parlamentarios disponen de una semana más para acercar posturas y ampliar el respaldo a la ley. La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales aprobó ayer el informe de la ponencia con el respaldo de todos ellos, salvo las citadas formaciones nacionalistas.
El acuerdo entre las dos formaciones mayoritarias fue posible después de que el PSOE aceptara transaccionar distintas enmiendas presentadas por el PP y que afectaban a cuestiones como el reconocimiento del derecho subjetivo y universal en el articulado de la norma y el compromiso de establecer una "atención preferente" a las personas afectadas por una dependencia severa.
Las enmiendas pactadas con el PP también amplían la atención a los menores de tres años, a los discapacitados psíquicos y establecen criterios a la financiación de las comunidades autónomas, en función del número de dependientes, la dispersión, la insularidad, la población rural o el número de inmigrantes retornados
Socialistas y populares, también pactaron enmiendas para mejorar la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales dirigidas y para reforzar la presencia de las comunidades autónomas en el futuro Consejo Territorial (entre ellas Ceuta y Melilla).
Los socialistas también aceptaron incluir en el preámbulo de la norma los "avances" realizados en el ámbito de la dependencia, durante la etapa del PP al frente del Gobierno de España, como los planes de atención, la Ley de Igualdad de Oportunidades, o el acuerdo alcanzado en el seno del Pacto de Toledo para diseñar un sistema nacional de dependencia.
