MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La asociación Dignidad y Justicia manifestó hoy su alegría por el proyecto de reforma del Código Penal aprobado ayer por el Consejo de Ministros y las medidas "que garantizan la protección de las víctimas del terrorismo", aunque reclamó que también se modifique el apartado relativo a los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas para conseguir la eliminación de las calles y plazas con nombres de terroristas.
La asociación presidida por Daniel Portero celebró la medida aprobada ayer por el Gobierno "en consenso con gran parte de la oposición" y calificó como "un éxito de la democracia" el hecho de que los delitos graves de terrorismo no prescriban y que los terroristas sean vigilados después de cumplir "sus graves condenas de asesinato".
Sin embargo, incidió en la "necesidad real" de matizar el artículo 578 del Código Penal y que hace referencia al delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo. "Se ha demostrado que este artículo del Código Penal no alcanzaba a definir la responsabilidad de aquellos que mantienen calles, parques, monolitos, plazas y otros símbolos que enaltecen de forma continua a muchos terroristas de ETA al darles su nombre a estas vías o expresiones públicas", explicó.
De esta forma, reconoció que responsabilizar de este hecho a quienes tuvieron la iniciativa es "imposible" porque la ley no contemplaba el enaltecimiento del terrorismo, pero lamentó que ahora "después de multitud de peticiones públicas" hechas a los alcaldes de estos municipios, "exclusivamente se ha encontrado la negativa a retirar estos símbolos públicos".
Así, aunque reconoció que se está gestando otro proyecto de ley para hacer frente al denominado 'callejero etarra', advirtió de que las sanciones serán de carácter administrativo "tras un tedioso proceso que se alargará bastante tiempo". "Desde nuestra asociación entendemos que se están haciendo esfuerzos importantes desde el Gobierno y la oposición para solucionar estos problemas, sin embargo, no entendemos cómo solamente puede existir una responsabilidad administrativa cuando hay casos en los que ha quedado meridianamente claro que los alcaldes de determinados pueblos del País Vasco y Navarra prefieren mantener estos símbolos públicos que enaltecen la figura de terroristas de ETA sin retirarlos de forma inmediata", enfatizó.
